La tragedia que arrasó con la región de Valparaíso en febrero de 2024 no solo dejó barrios convertidos en ceniza. Hoy, a más de un año, los informes de la Contraloría General de la República exponen un cuadro que trasciende la desprolijidad administrativa y se instala de lleno en el terreno político: pagos sin respaldo, sobreprecios de hasta 378% y graves fallas de control en el uso de recursos destinados a los damnificados. Para las víctimas, lo revelado sería apenas “la punta del iceberg”.
Cinco auditorías del órgano contralor pusieron bajo la lupa a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, a los municipios de Viña del Mar y Quilpué y a la Dirección Regional de Arquitectura del MOP. En la Delegación, se detectaron más de $586 millones en pagos no acreditados y deficiencias contractuales. Solo en maquinaria pesada, los arriendos a empresas como San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA presentan diferencias de hasta 220% y 378,22% respecto de servicios equivalentes contratados por otro organismo público en la misma emergencia. El posible perjuicio fiscal supera ampliamente los miles de millones de pesos.
En Viña del Mar, bajo la administración de Macarena Ripamonti, la Contraloría constató la inexistencia de 1.280 actas de entrega de beneficios, ausencia de manuales de procedimiento en plena emergencia y errores en fichas FIBE, además de beneficios otorgados sin respaldo suficiente. En Quilpué, la gestión que abarca tanto a la exalcaldesa Valeria Melipillán como a la actual alcaldesa Carolina Corti enfrenta observaciones por miles de actas faltantes, entrega de artículos sin trazabilidad y adquisición de cocinillas sin certificación SEC. En paralelo, en las demoliciones de viviendas en El Olivar, se pagaron cientos de millones sin acreditación adecuada de los trabajos, con registros fotográficos repetidos o insuficientes.
La respuesta institucional ha sido predecible: sumarios administrativos, “plena disposición” para colaborar y plazos para entregar antecedentes. Sin embargo, el envío de los informes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado eleva el caso desde la esfera administrativa a la penal y patrimonial. La emergencia, que exigía rapidez y eficiencia, parece haber operado como un espacio de discrecionalidad extrema, donde los controles internos fueron, en el mejor de los casos, débiles; en el peor, inexistentes.
En este contexto, el episodio se convierte en un problema político mayor para el oficialismo saliente y para las autoridades locales involucradas. Más allá de las responsabilidades individuales que determinen los sumarios, lo que queda en evidencia es una falla estructural en la gestión de recursos públicos en uno de los momentos más sensibles para el país. Cuando la reconstrucción aún está inconclusa y miles de familias siguen esperando soluciones definitivas, las cifras de sobreprecios y pagos sin respaldo no solo indignan: erosionan la confianza en el Estado y profundizan la sensación de abandono tras la catástrofe.
