En el sector Centinela, en los cerros de Talcahuano, se emplaza el conjunto habitacional Mirador del Pacífico, construido como parte del proceso de reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. Lo que debía ser una solución definitiva para familias damnificadas es hoy, según al menos 65 hogares, un foco de deterioro estructural y riesgo sanitario. Humedad persistente, proliferación de hongos, filtraciones, falta de iluminación adecuada, cañerías y alcantarillados colapsados forman parte de la vida cotidiana en departamentos que no superan la década y media de antigüedad.
Las consecuencias trascienden lo constructivo. En varias viviendas residen personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores expuestos a condiciones insalubres. Evelyn Cornejo afirma que debió sacar a su hija de la habitación por la falta de luz y la presencia de hongos en paredes y pisos. Nelly Trangulao relata que cada noche instala la cama de su hijo en el comedor para evitar que duerma en un ambiente húmedo que agrava su condición médica. Vilma Alarcón sostiene que han recibido respuestas transitorias, pero no una solución estructural: “Han pasado ocho años sin solución”.
Pese a la gravedad de las denuncias, los vecinos acusan una ausencia evidente del Gobierno y del Municipio de Talcahuano en la gestión concreta del problema. Señalan que no existe un plan integral de intervención ni una presencia sostenida en terreno que articule salud, vivienda y asistencia social. Desde el Serviu Biobío se ha indicado que se gestionan recursos para mejoras, pero para las familias esto no ha significado una respuesta efectiva ni plazos claros. La percepción general es de abandono institucional y postergación prolongada.
Más allá de los muros: el abandono que se vive afuera
La precariedad que se vive al interior de los departamentos no es un fenómeno aislado: es el espejo de lo que ocurre afuera. Las calles del sector Centinela presentan deterioro severo en su pavimentación, con baches sin reparar y veredas en mal estado que dificultan el desplazamiento de adultos mayores, personas con movilidad reducida y familias con coches de bebé. El alumbrado público es insuficiente o directamente inexistente en varios tramos, convirtiendo las noches en un factor de riesgo adicional para quienes regresan al hogar tras el trabajo.
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Las plazoletas y áreas verdes del sector, cuando existen, acumulan basura, escombros y vegetación sin mantención, transformándose en espacios que no cumplen ninguna función recreativa ni comunitaria. En al menos un punto del sector se ha consolidado un basural informal que los propios vecinos han denunciado reiteradamente sin obtener respuesta efectiva. La sede social, espacio fundamental para la organización comunitaria, tampoco escapa al abandono: su estado de deterioro limita severamente las posibilidades de reunión y articulación vecinal.
Esta acumulación de carencias no es casualidad ni fatalidad geográfica. Es el resultado de una gestión municipal que históricamente ha invertido menos tiempo, menos recursos y menos presencia en los cerros que en otros sectores de la comuna. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá del malestar cotidiano.
Es precisamente en territorios como el Centinela donde el hacinamiento, la pobreza y el aislamiento convergen donde el Estado debe desplegar el doble y el triple de esfuerzo. Porque es ahí donde la calle limpia, el alumbrado funcionando, la plaza cuidada y la vereda transitable no son privilegios: son las condiciones mínimas que permiten a un niño salir a jugar con seguridad, a una mujer caminar de noche sin miedo, a una familia creer que su barrio también forma parte de la ciudad. Son, además, las condiciones que hacen posible que los niños que crecen en estos cerros puedan desarrollarse integralmente y confiar en que pueden alcanzar sus sueños.
Cuando esas condiciones faltan, el espacio público queda vacante. Y ese vacío no permanece vacío por mucho tiempo: lo ocupa quien llega primero, con otras lógicas y otras reglas.
Conectividad precaria: el cerro que se queda solo al anochecer
A este panorama se suma el aislamiento que impone la precariedad del transporte público. Dirigentes de juntas de vecinos de los cerros denuncian que, después de las 18:00 horas, el servicio prácticamente desaparece. Cientos de personas quedan sin locomoción regular, afectando su acceso al trabajo, la salud y la educación. Una trabajadora que termina su turno a las 19:00 horas en el centro de Talcahuano no tiene forma de subir al cerro sin caminar largos tramos oscuros o pagar un traslado que no está en su presupuesto. Un adulto mayor que necesita atención médica de urgencia en la noche enfrenta el mismo problema.
Esta falta de conectividad no es un problema técnico menor: refleja una planificación urbana débil y una fiscalización insuficiente por parte de las autoridades competentes. Los cerros de Talcahuano existen en los mapas, pero parecen no existir en las decisiones de quienes diseñan la ciudad.
Seguridad ciudadana: muchas reuniones, ninguna acción
El contexto territorial complejiza aún más la situación. El sector Centinela ha sido escenario de graves episodios de violencia vinculados a disputas territoriales y crimen organizado. En diciembre de 2023, balaceras en la vía pública dejaron dos personas fallecidas y varios heridos; los responsables fueron posteriormente condenados a penas efectivas de 15 y 12 años de prisión. En julio de 2024, tras reiteradas denuncias vecinales, se demolió un narcomausoleo asociado al tráfico y consumo de drogas. Para quienes habitan Mirador del Pacífico, la inseguridad no es un hecho aislado, sino parte de un entorno donde la presencia del Estado resulta crónicamente insuficiente.
En materia de seguridad, la situación en el Centinela pone en entredicho la efectividad del modelo de gestión municipal vigente. Vecinos y dirigentes coinciden en que el trabajo de la Dirección de Seguridad Ciudadana se ha limitado, en la práctica, a la realización de reuniones. Mesas de trabajo, encuentros comunitarios, instancias de diagnóstico participativo: todas ellas con una característica común, según quienes habitan el sector: no derivan en acciones concretas, no tienen plazos, no tienen responsables identificables, y no se evalúan. “Nos han convocado muchas veces. Pero después de cada reunión, todo sigue igual”, señala un dirigente vecinal que prefiere no ser identificado por temor a represalias.
Lo que los vecinos describen no es falta de diálogo, sino falta de gestión. Hay una diferencia crucial entre convocar y conducir, entre escuchar y actuar. La Dirección de Seguridad Ciudadana no puede reducir su rol al de facilitador de conversaciones mientras el territorio acumula episodios de violencia, focos de narcotráfico y una ciudadanía que ha normalizado el riesgo como parte de su rutina.
Se requiere una estrategia preventiva territorial sostenida en el tiempo, con coordinación real entre Carabineros, PDI, el Municipio y los servicios sociales; con presencia física permanente en el barrio; con intervenciones que ataquen los factores de vulnerabilidad antes de que se expresen como delito. Lo que existe hoy, en cambio, es una gestión reactiva que actúa cuando ya hay víctimas y se retira cuando las cámaras apuntan a otro lado.
Porque el crimen organizado no penetra los territorios por accidente: llega donde el Estado no está. Llega donde las calles están oscuras, donde los jóvenes no tienen dónde ir, donde las plazas están convertidas en basurales y donde las familias sienten que nadie los mira. Combatir esa penetración no es solo una tarea policial: es también una tarea de presencia urbana, de inversión social y de dignidad territorial.
Una deuda que se mide en años, no en trámites
La situación en los cerros de Talcahuano evidencia falencias estructurales en políticas públicas de reconstrucción, seguridad y movilidad que llevan más de una década sin resolverse. Las familias sostienen que no basta con intervenciones puntuales ni anuncios de gestión de recursos. Requieren una respuesta coordinada entre el Gobierno central, el Serviu y el Municipio de Talcahuano, con medidas concretas, plazos definidos y acompañamiento social permanente.
La demanda es también de conducción. No se trata únicamente de reparar infraestructura, sino de diseñar intervenciones urbanas, sociales y sanitarias con enfoque multidisciplinario, respaldo profesional y continuidad en el tiempo. Sin liderazgos técnicos especializados que conduzcan un plan integral para el territorio, las soluciones tienden a diluirse en diagnósticos reiterados y compromisos sin ejecución verificable.
En ese escenario, lo que exigen las familias del Centinela apunta a algo más que recursos: quieren conducción clara, responsables identificables y una hoja de ruta pública que articule seguridad, vivienda, salud y conectividad. Quieren saber quién responde, qué se hará, cuándo y cómo se medirán los resultados.
Sin esa transparencia mínima, la seguridad ciudadana seguirá siendo, en estos cerros, una promesa que llega solo en un archivo PPT y se evapora antes del amanecer. Y la reconstrucción seguirá siendo parcial, mientras la percepción de abandono continúa profundizándose en un territorio que acumula más de una década de postergación.
