La decisión del Gobierno de otorgar suma urgencia al proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades abrió un nuevo flanco de críticas en el Congreso. Diputados de oposición advirtieron que la iniciativa podría terminar incorporando en el mismo listado a personas condenadas por delitos graves y a dirigentes sociales que organizan rifas o bingos para financiar actividades comunitarias.
Durante la discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario Luis Cuello cuestionó la amplitud del proyecto y anunció una reserva de constitucionalidad, acusando que la propuesta equipara conductas de distinta gravedad.
“Se trata de una forma idéntica a conductas tales como, por ejemplo, el homicidio de un fiscal, el homicidio de un carabinero, y tiene un igual tratamiento que rayar una pared o que montar una lotería”, afirmó el legislador.
Las críticas apuntan especialmente a que el registro contempla sanciones para quienes desarrollen loterías sin autorización, una figura que podría alcanzar a las tradicionales rifas y bingos organizados por juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de padres y otras agrupaciones que recurren a estas actividades para reunir recursos.
En la misma línea, el jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, sostuvo que la iniciativa podría terminar estigmatizando a organizaciones sociales que cubren necesidades ante la ausencia del Estado.
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“Todas las rifas de las organizaciones sociales, cuando el Estado no está y se organizan para autofinanciarse, si son sancionadas, van a entrar al Registro de Vándalos”, advirtió.
La controversia surge en momentos en que el Ejecutivo ha decidido acelerar la tramitación del proyecto, una determinación que para la oposición evidencia una priorización cuestionable y que, según sus detractores, podría terminar etiquetando como “vándalos” a dirigentes comunitarios y vecinos que realizan actividades de recaudación de fondos, al mismo tiempo que los incorpora en un registro junto a personas condenadas por hechos de mayor connotación pública.
El debate ahora se centrará en si el proyecto logra diferenciar adecuadamente entre actos de violencia e incivilidades y prácticas de organización comunitaria que, aunque puedan carecer de autorización formal, forman parte de la realidad cotidiana de miles de organizaciones sociales en Chile.
