El avance del proyecto de Sala Cuna Universal quedó detenido en el Senado luego de que legisladores de la Unión Demócrata Independiente impidieran su continuidad en la Comisión de Educación. La iniciativa, considerada una de las reformas estructurales en materia de corresponsabilidad y equidad laboral, buscaba reemplazar el actual sistema —limitado a empresas con 20 o más mujeres contratadas— por un derecho universal para trabajadoras y trabajadores con hijos menores de dos años.
El proyecto plantea la eliminación del requisito de las 20 trabajadoras, una norma vigente que ha sido cuestionada por introducir sesgos en la contratación femenina. En su reemplazo, propone un enfoque de corresponsabilidad parental, extendiendo el beneficio tanto a madres como a padres, y avanzando hacia un sistema que garantice acceso al cuidado infantil sin distinción de género ni tamaño de empresa.
Otro eje central es la creación de un Fondo de Sala Cuna, de financiamiento mixto entre el Estado y los empleadores, que sería administrado por el Instituto de Previsión Social. El diseño contempla límites a los costos administrativos, estudios actuariales periódicos y una Comisión Técnica encargada de definir los aportes cada cinco años, con el objetivo de asegurar sostenibilidad financiera y previsibilidad fiscal.
La tramitación se entrampó cuando el presidente de la Comisión de Educación del Senado, el senador Sergio Sanhueza (UDI), se ausentó de una sesión clave, lo que impidió votar el avance del proyecto. Posteriormente, parlamentarios del mismo partido argumentaron que la iniciativa presentaba falencias y debilidades, señalando que no alcanzaría a ser aprobada durante el actual gobierno.
Desde el Ejecutivo, las críticas fueron directas. El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, calificó el freno como “grave e irresponsable”, advirtiendo que no solo posterga un derecho largamente demandado, sino que también implica perder la oportunidad de generar hasta 145 mil empleos femeninos. En la misma línea, la ministra vocera, Camila Vallejo, acusó una “actitud mezquina” y subrayó que el proyecto es resultado de un diálogo sostenido con organizaciones sociales y actores políticos.
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Con el bloqueo legislativo, la Sala Cuna Universal queda en una fase de incertidumbre. Más allá del debate técnico sobre su financiamiento y diseño, la discusión se ha desplazado al plano político, tensionando la agenda social del gobierno de Gabriel Boric y dejando en suspenso una reforma que buscaba modificar de manera estructural el acceso al cuidado infantil y su impacto en el mercado laboral.
