El Ministerio del Medio Ambiente de Chile abrió un proceso inédito en América Latina para resguardar 510 mil hectáreas de salares y lagunas altoandinas, ecosistemas críticos para la biodiversidad y el equilibrio hídrico del desierto más árido del mundo. La medida se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio, pero también expone la fragilidad de estos territorios frente a la presión extractiva y a un escenario político incierto.
El pasado 29 de enero, el Gobierno chileno anunció la creación de seis nuevas áreas protegidas en la región de Atacama. Estas figuras de conservación buscan resguardar diez humedales de altura —entre salares y lagunas— que cumplen un rol vital en la regulación del agua, la captura de carbono y la sobrevivencia de especies altamente adaptadas a condiciones extremas. Se trata de ecosistemas únicos, pero también de los más amenazados por la expansión de la minería del litio y el estrés hídrico asociado al cambio climático.
Durante el anuncio, realizado en la comuna de Diego de Almagro, el presidente Gabriel Boric fue explícito en el tono de advertencia: “Lo que estamos haciendo hoy día con la Red de Salares Protegidos es defender nuestra propia existencia”. La declaración no fue casual. Ocurrió a solo 37 días de dejar el cargo a su sucesor, José Antonio Kast, en un contexto donde el futuro de la política ambiental y del modelo de explotación del litio vuelve a quedar en entredicho.
El anuncio constituye un hito parcial: las nuevas áreas protegidas cubren cerca de la mitad de los 26 ecosistemas altoandinos que el Ejecutivo comprometió “blindar” al lanzar la Estrategia Nacional del Litio en 2023. Aquella hoja de ruta buscaba compatibilizar la explotación de un mineral estratégico con criterios de sostenibilidad, bajo la promesa de evitar repetir los errores históricos de extractivismo intensivo en territorios frágiles.
Sin embargo, la protección llega tarde para muchos científicos y organizaciones ambientales, que advierten que varios salares ya muestran signos de degradación irreversible. La creación de áreas protegidas aparece así como una carrera contra el tiempo: una medida defensiva frente a un modelo económico que sigue considerando al litio como motor de crecimiento, incluso cuando los ecosistemas que lo sostienen se acercan a puntos de no retorno.
Más que resolver la tensión entre desarrollo y conservación, la decisión del Gobierno deja en evidencia una pregunta de fondo que sigue abierta: si Chile será capaz de proteger sus salares más allá de un mandato presidencial, o si estas medidas quedarán expuestas a retrocesos en un nuevo ciclo político donde el equilibrio ambiental podría dejar de ser prioridad.
