El Consejo de Defensa del Estado (CDE) analiza solicitar medidas cautelares de prisión preventiva contra el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en la formalización que enfrentará a fines de año por el caso Embotelladora Llacolén, donde se investiga la condonación irregular de $1.200 millones en patentes comerciales durante 2020.
La causa, abierta a fines de 2024 a partir de una querella presentada por el propio CDE, imputa al jefe comunal, al exdirector jurídico municipal Cristián Pinto y a cuatro concejales el delito de fraude al fisco, por aprobar la rebaja de la deuda de la empresa.
La fiscal Glenda Lagos formalizará la investigación el 29 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Coronel.
CDE evalúa prisión preventiva
El abogado del CDE, Georgy Schubert, confirmó que el organismo ha realizado diversas diligencias y que se encuentra evaluando solicitar cautelares privativas de libertad para los imputados.
“Queremos que todas las investigaciones lleguen a puerto y que los funcionarios públicos que hayan cometido ilícitos respondan por ello. Las medidas que solicitaremos serán proporcionales a la gravedad de los hechos investigados”, señaló Schubert.
Otras indagaciones en Coronel
El abogado también confirmó que existen investigaciones pendientes relacionadas con otros casos en la administración municipal, aunque evitó referirse a la denuncia presentada por la empresa Profecxa, que acusa a un funcionario de la Dirección de Obras Municipales de exigir presuntas coimas durante la construcción de una cancha en la población Nuevo Amanecer.
Este nuevo episodio amplía el frente judicial que enfrenta la Municipalidad de Coronel, mientras el Ministerio Público continúa indagando eventuales delitos de corrupción, fraude y faltas a la probidad cometidos durante la actual administración.
