Un olor penetrante, un llamado urgente y la llegada inmediata de Bomberos. Esa es la escena que se ha repetido más de 40 veces en lo que va del año en Chiguayante, según cifras del Twitter oficial del Cuerpo de Bomberos de la comuna. Los escapes de gas se han transformado en una emergencia habitual, dejando atrás cualquier noción de excepcionalidad.
Estos eventos no son hechos aislados. Revelan un patrón preocupante: seis emergencias se registraron en establecimientos educacionales, exponiendo a estudiantes y personal docente; otras 13 ocurrieron en edificios de departamentos o espacios con alta concurrencia, evidenciando la fragilidad de la infraestructura comunitaria ante fallas en redes de distribución o sistemas de gas licuado.
La reciente tragedia en Temuco subraya lo que está en juego. Al mediodía del sábado pasado, una explosión de gas destruyó completamente una vivienda en el barrio Fundo El Carmen, dejando a una adulta mayor fallecida, nueve casas dañadas y a 50 personas evacuadas en un radio de 60 metros. El estallido fue de tal magnitud que generó un socavón en el lugar y la secuencia fue captada por cámaras de seguridad. Aunque la causa exacta está en investigación, todo apunta a una acumulación de gas no detectada a tiempo.
Este hecho, junto con la situación de Chiguayante, demuestra que la amenaza no es hipotética ni localizada. Es nacional, real y creciente.
En este contexto, la labor de Bomberos ha sido ejemplar. Dotados de equipos especializados y experiencia forjada en la emergencia, los voluntarios han contenido situaciones que pudieron escalar a tragedias mayores, actuando con eficiencia en zonas densamente pobladas.
Pero mientras la reacción de Bomberos es constante y efectiva, la prevención es nula. No hay campañas de inspección sistemática a instalaciones domiciliarias ni iniciativas educativas masivas sobre el uso seguro del gas. Tampoco existe fiscalización sostenida a escuelas, jardines infantiles, liceos o edificios residenciales, precisamente los más vulnerables.
La reiteración de estos episodios comienza a normalizar el riesgo. Superar las 40 emergencias en solo seis meses no solo alarma: expone una grave falla institucional en planificación, fiscalización y control. De mantenerse esta inercia, el desenlace es predecible.
Es urgente que organismos de emergencia, municipalidades, gobierno central y Senapred presionen a las empresas distribuidoras y a los entes reguladores. Se requiere pasar de la reacción a la acción: instaurar revisiones periódicas obligatorias, campañas educativas permanentes, protocolos de fiscalización y mantenciones certificadas. No son medidas opcionales, son requerimientos mínimos.
Delegar exclusivamente en los bomberos —voluntarios, muchas veces sobrepasados— la contención de una crisis estructural es insostenible. Si no se actúa con decisión, la pregunta no es si ocurrirá otra tragedia. Es cuándo y dónde.
