Las bajas temperaturas que afectan gran parte del país vuelven a instalar una preocupación que cada invierno se repite: las condiciones en que miles de niños, niñas y adolescentes asisten a clases.
Las imágenes de estudiantes con parkas, gorros, bufandas e incluso frazadas dentro de las salas no solo reflejan el intenso frío, sino que también abren una interrogante necesaria: ¿se están cumpliendo las condiciones mínimas que exige la normativa para garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje?
La Superintendencia de Educación establece que los establecimientos deben mantener ambientes que favorezcan el proceso educativo, incluyendo una temperatura adecuada en las salas de clases. Si bien la ventilación sigue siendo una medida importante para renovar el aire, especialmente tras las recomendaciones sanitarias, cuando esta provoca una disminución de la temperatura, el establecimiento debe volver a climatizar el espacio utilizando el sistema de calefacción disponible.
Asimismo, la normativa señala que, frente a condiciones climáticas adversas, los estudiantes pueden utilizar prendas de abrigo adicionales al uniforme para resguardar su salud.
Pero la responsabilidad no termina ahí. Desde 2018, el Dictamen N.º 45 de la Superintendencia de Educación flexibilizó el uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), permitiendo a los establecimientos financiar la adquisición, instalación, reparación y mantención de sistemas de climatización, como calefacción eléctrica, calefacción central, aire acondicionado con función de calefacción o equipos a gas con circuito estanco, siempre que estas acciones formen parte del Plan de Mejoramiento Educativo (PME).
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La normativa también establece temperaturas mínimas de referencia en diversas zonas del país: 15 °C para Educación Parvularia y hogares estudiantiles, y 12 °C para enseñanza básica y media en las zonas donde el frío es más intenso.
Diversos estudios internacionales, entre ellos de la Red de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, han demostrado que la temperatura adecuada dentro del aula influye directamente en la concentración, el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes.
En un escenario marcado por el anuncio de “Chile bajo cero”, la protección de la comunidad escolar no puede depender únicamente del abrigo que cada familia pueda proporcionar.
Sin embargo, esta tarea también requiere una comunidad educativa activa. Los Centros de Estudiantes, los Centros Generales de Padres y Apoderados, así como los representantes de los Consejos Escolares, tienen un rol relevante en observar, informar y exigir que las condiciones de climatización, ventilación y seguridad se cumplan efectivamente en cada establecimiento. La participación organizada de estudiantes y familias es un mecanismo legítimo para canalizar inquietudes, solicitar mejoras y contribuir a que se resguarde el derecho de todos los alumnos a aprender en un ambiente seguro y adecuado.
Los apoderados, además, pueden solicitar información al establecimiento sobre las medidas implementadas para enfrentar las bajas temperaturas y, si estiman que existen incumplimientos que afecten el bienestar o la seguridad de los estudiantes, recurrir a los canales establecidos por la Superintendencia de Educación.
Es fundamental que los establecimientos educacionales revisen el funcionamiento de sus sistemas de calefacción, que los sostenedores destinen los recursos disponibles para mejorar la infraestructura cuando sea necesario y que el Ministerio de Educación y la Superintendencia fortalezcan las labores de fiscalización.
Del mismo modo, los apoderados cumplen un rol clave. Si observan que las salas permanecen excesivamente frías, que no existen medidas de climatización o que las condiciones ponen en riesgo la salud de los estudiantes, tienen el derecho de solicitar explicaciones al establecimiento y presentar las denuncias correspondientes ante la Superintendencia de Educación.
Porque ningún niño debería tener que elegir entre soportar el frío o concentrarse en aprender. Garantizar una sala de clases segura, cálida y adecuada no es un privilegio: es una obligación establecida por la normativa y un compromiso con la calidad de la educación.
