El Gobierno decide retirar el veto a la Ley Integral de las Personas Mayores, reactivando su promulgación pese a las advertencias formuladas por la administración anterior sobre eventuales efectos negativos en materia laboral.
El veto había sido ingresado durante el gobierno de Gabriel Boric, apuntando a un artículo que creaba un nuevo tipo de contrato para personas mayores. Según se argumentó en ese momento, esta figura podía abrir espacio a condiciones precarias, como disponibilidad horaria indefinida o suspensión de funciones sin límites claros, lo que eventualmente podría dejar a trabajadores sin remuneración, cotizaciones previsionales ni indemnización.
Desde el Ejecutivo actual se optó por retirar esa observación para acelerar la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, la decisión implica mantener sin modificaciones los puntos cuestionados, lo que, según los reparos previos, podría afectar la seguridad laboral de las personas mayores y contradecir el objetivo de garantizar un envejecimiento digno.
