Siguen las alzas en cuentas de electricidad

Se acerca otro invierno y, con él, los mayores cobros en nuestras «cuentas de la luz». El autor de esta columna para CIPER comenta sobre la promoción del uso de energía eléctrica para uso doméstico, de la legitimidad del llamado «límite de invierno» y de la inmovilidad parlamentaria respecto a estos temas: «Cada invierno consumimos más electricidad que el invierno anterior. Entonces, mantener el sobrecargo por el uso de energía eléctrica en esta estación es como adoptar un programa para evitar los accidentes de tránsito para el 18 de septiembre, y que sin embargo cada año se mueran más personas: un total fracaso de política pública.»

Nos enteramos durante abril de nuevas alzas en nuestras «cuentas de la luz»; esto, gracias a —o por culpa de—  una ley aprobada el año pasado que estabilizó el precio de la energía eléctrica (PEC 2), y por la cual el costo sube de manera paulatina y dependiendo del nivel de consumo, a cambio de que no baje hasta el 2032. Así, el mayor problema lo tendrán desde ahora las familias que tienen altos consumos de electricidad, con alzas de hasta un 16% en la tarifa final.

De todos modos, se viene el invierno y la cuenta nos subirá aún más.

La llegada de abril, además del cambio de hora trae consigo lo que conocemos como «límite de invierno» en la tarifa eléctrica, que es básicamente un castigo por consumir más electricidad de abril a septiembre (nos cobran hasta un 25% más en la «cuenta de la luz», por la electricidad consumida pasado dicho límite). A este castigo, este año le cantamos el cumpleaños número cuarenta, pues fue impuesto en el contexto del Chile de los 80, con la entrada en vigencia de las tarifas residenciales que derivaron de la nueva Ley General de Servicios Eléctricos del año 82. [ver columna previa del autor en CIPER Opinión del 23.05.2022].

Pero hace cuarenta años todo era muy distinto, y también en nuestro consumo eléctrico. En los hogares, por ejemplo, no existían tantos electrodomésticos, y era la iluminación el principal consumo. No teníamos a nuestra disposición tecnología eficiente, como de las «luces LED» que usamos ahora, y casi nadie comentaba la problemática mundial que traía consigo el cambio climático. Hoy, en cambio, la amenaza de la sequía o la propagación acelerada de incendios moviliza en todo el mundo a la sociedad civil, la ciencia, los Estados y el mundo privado, todo con el fin de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y de esa manera lograr que el planeta no siga aumentando tanto su temperatura. En este sentido, disminuir el consumo de combustibles fósiles es clave y, al menos desde la generación de electricidad en Chile, vamos bien. Producto de nuestras políticas públicas e inversión privada, la participación de la generación renovable alcanzó un 56% de toda la energía producida en 2022.

Bajo la premisa que de aquí al 2050 toda la electricidad será producida por fuentes renovables, desde el mundo científico —a través de organismos como el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)— se impulsa con fuerza la recomendación de transitar en el uso de energía térmica en las viviendas a la electricidad. En otras palabras, utilizar electricidad para cocinar, calentar el agua de la ducha y calefaccionar la vivienda. De hecho, a propósito del Acuerdo de París; tratado internacional sobre el cambio climático suscrito por Chile, uno de los compromisos del Estado de Chile, es que al 2050 un 56% de las casas utilicen calefacción eléctrica y un 70% de los departamentos.

Todas y todos sabemos que si usamos un calefactor eléctrico en invierno, la «cuenta de la luz» sube inmediatamente y tenemos que pagar más. Es así porque, de toda la energía que se utiliza en una vivienda, el 50% es para calefacción, mientras que la electricidad es solo un 22% del consumo total de energía en una vivienda. De esta manera, dependiendo las características de la vivienda y la eficiencia del calefactor, si pasamos de un calefactor a gas, parafina o leña a uno eléctrico, la «cuenta de la luz» podría aumentar al doble o el triple fácilmente; más aún, si por consumir electricidad pasado un límite nos cobran todavía más.

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De acuerdo a todo lo anterior, ¿tiene algún sentido, entonces, tener un sobrecargo por el consumo de electricidad en invierno si el propio Estado impulsa a sus ciudadanos a calefaccionarse con electricidad? ¿Les conviene a los ciudadanos cambiar el equipo de calefacción a uno eléctrico si al final éste «le sale» más caro? Bajo mi particular punto de vista, no.

Desde el punto de vista climático y de cuidado medioambiental, no tiene ningún sentido fijar un «límite de invierno» que castiga con un sobreprecio el consumir energía eléctrica en invierno.

Ahora, y si lo analizamos en términos sociales y revisamos cuánta energía eléctrica consumen y pagan las familias en Chile, ¿se cumple aquello de quien tiene más, consume y paga más? No necesariamente: si bien el nivel socioeconómico influye, lo determinante es la cantidad de personas que consumen electricidad por cada cliente (o medidor). Por ejemplo, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), en Lo Espejo o San Ramón el consumo promedio por cliente es mayor que en Ñuñoa o Providencia. Esto se debe a que en Lo Espejo y San Ramón el promedio de personas que habita una vivienda es cercano a cuatro personas, mientras que, en Ñuñoa y Providencia, el promedio de personas por vivienda es de un poco más de dos personas [ver columna previa del autor en CIPER Opinión 26.07.2022 ].

En conclusión, a más personas por vivienda, mayor consumo de electricidad; y, por tanto, un mayor gasto en la «cuenta de la luz». Entonces, ¿a quién golpea más tener un sobrecargo basado en un límite de consumo? Según los datos que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la mayor densidad de personas por vivienda y hacinamiento se da en los quintiles más vulnerables.

Sumando complicaciones, para muchos existe el problema de que el mismo medidor contabiliza la energía eléctrica de dos o más viviendas, pero para la compañía eléctrica es un solo cliente. Esto naturalmente desfavorece a esas familias cuyas viviendas comparten medidor, pues el consumo de electricidad de cada vivienda se sumará, y el «límite de invierno» no discriminará si hay más viviendas u hogares en un cliente. Si el medidor mide que se superó el límite, se cobrará más y punto. En palabras simples, para las familias cuya vivienda comparte medidor con otra, su límite de invierno es, al menos, la mitad. Entonces, en comunas como Peñalolén, donde existen más viviendas que clientes residenciales de ENEL, y en torno a un 20% de las viviendas comparte un medidor, este problema se torna grave para muchas familias.

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Si observamos todo este asunto desde la efectividad de la política pública, entendiendo que su objetivo es limitar el consumo de energía en invierno, sucede que, según datos de la CNE, cada invierno consumimos más electricidad que el invierno anterior. Entonces, es como que tengamos una política para disminuir los accidentes de tránsito fatales para el 18 de septiembre, pero que sin embargo cada año se mueran más personas: un total fracaso de política pública. Además, el cálculo del límite de invierno —que normalmente es de 350 kWh al mes, y que puede aumentar dependiendo el consumo en verano, cuando utilizamos menos energía— no se actualiza hace catorce años.

Por último, la pandemia también generó cambios en el consumo de electricidad en las viviendas. En comparación con los años previos, y según datos de la CNE, hubo un aumento de un 10% en el consumo de electricidad a nivel residencial. Hoy se consume en las viviendas más electricidad que antes. Así y todo, la energía consumida con el sobrecargo  del límite de invierno, ni antes ni después de la pandemia, logra superar el 1% del total de energía generada en Chile. En otras palabras, el castigo del límite de invierno, que golpea a cientos de miles de familias haciéndoles pagar más por la electricidad en invierno, no mueve la aguja en la generación de energía en Chile.

Dicho todo eso, por motivos climáticos, y por la entrega de certezas a las familias de apoyo económico real, estimo que el Estado, a través de su rol regulador, y tal como ya lo hizo parcialmente el gobierno de Sebastián Piñera los años 2020 y 2021, debiera eliminar el sobrecargo en el consumo de energía eléctrica en invierno. Sería una medida coherente de parte del actual gobierno, acorde a su política medioambiental de cambio climático, evaluar algunas de sus políticas públicas en torno a la energía y potenciar las que de mejor forma aportan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

El aumento en el costo de la tarifa eléctrica —y de la vida— que trae la entrada en vigencia de la ley PEC 2, claramente no es una buena noticia, y el gobierno ya ha manifestado públicamente que «harán algo», sobre todo por las familias más golpeadas por esta medida (aunque aún no dicen qué). Por otro lado, la eliminación del límite de invierno se puede llevar a cabo «por secretaría» de manera inmediata, a través del gobierno o de la promoción del proyecto de ley «Chao Tarifa de Invierno», impulsado por la diputada Karol Cariola, el cual fue firmado por un considerable grupo de diputados y diputadas de distintas bancadas, incluida la diputada presidenta de la comisión de minería y energía Jovana Ahumana, quien aún no pone en tabla el proyecto para ser discutido. Pienso que sería muy bueno que el gobierno o el Congreso tomaran la iniciativa en este tema. El invierno se nos acerca, y sería ideal que no trajese, otra vez, cuentas abultadas. 

Javier Piedra Fierro

Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Concepción. Integrante Red de Pobreza Energética. Director Ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, y docente del Departamento de Ingeniería.

Columna de CiperChile