La implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado tras más de una década de tramitación para proteger la naturaleza en Chile, enfrenta serias dificultades debido al retraso de sus reglamentos clave. De los 17 decretos necesarios para su funcionamiento, solo uno está vigente y al menos 12 fueron retirados desde Contraloría al inicio del gobierno de José Antonio Kast, dejando al organismo con escasa capacidad operativa hasta, eventualmente, fines de 2027.
Los reglamentos pendientes son fundamentales para tareas como clasificar ecosistemas amenazados, recuperar especies en peligro y controlar especies invasoras. Además, la denominada “megareforma” impulsada por el gobierno amplía de dos a cuatro años el plazo para dictar estas normas y condiciona la protección oficial de sitios prioritarios para la conservación a la aprobación de un reglamento aún no vigente. Esto retrasa nuevamente la protección de zonas ecológicamente relevantes, en medio de tensiones con sectores industriales que ya habían reducido significativamente la cantidad de áreas consideradas prioritarias.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Francisca Toledo, aseguran que el retiro de los reglamentos busca corregir errores técnicos y evitar problemas legales antes de reingresarlos a Contraloría. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales cuestionan la medida y temen que el retraso responda también a señales políticas favorables a intereses empresariales, en un contexto donde autoridades han criticado las regulaciones ambientales por considerarlas obstáculos para el desarrollo económico.
