En los últimos años, el uso de silenciadores modificados y “tronadores” en autos y motos se ha convertido en un fenómeno que invade el espacio público con estruendos constantes. Lo que algunos consideran una forma de expresión o estilo, para miles de vecinos se traduce en insomnio, ansiedad y deterioro de la salud mental. Chile carece de una regulación específica que sancione este tipo de modificaciones, lo que ha permitido que la práctica crezca sin control.
Ante esta realidad, el precandidato a diputado por el Distrito 20, Víctor Hugo Figueroa, llamó al Congreso a reactivar un proyecto de ley presentado hace más de una década, cuyo objetivo es prohibir expresamente la instalación y uso de dispositivos que aumenten el nivel de ruido en vehículos motorizados. La propuesta busca incorporar un nuevo artículo a la Ley de Tránsito, definiendo el uso de escapes alterados como una infracción sancionable y, con ello, cerrar un vacío legal en materia de contaminación acústica vehicular.
“Ya no se puede seguir normalizando el ruido como parte del paisaje urbano. Esto es un problema de salud pública y violencia acústica”, sostuvo Figueroa, aludiendo a los efectos que el ruido extremo produce especialmente en adultos mayores, niños y personas dentro del espectro autista. La exposición constante a altos decibeles se asocia a trastornos del sueño, irritabilidad, pérdida auditiva e incremento del estrés, afectando la calidad de vida en barrios residenciales y zonas céntricas.
La iniciativa de Figueroa busca poner el foco en una forma de contaminación tan invisible como dañina: el ruido urbano. En un contexto donde el país avanza en políticas de transporte sustentable y ciudades más habitables, esta propuesta adquiere una relevancia transversal. De aprobarse, permitiría fiscalizar y sancionar eficazmente el uso de escapes modificados, contribuyendo a recuperar la tranquilidad en las calles y a reconocer el derecho al descanso como parte esencial del bienestar ciudadano.
El desafío está planteado: devolver el silencio a las ciudades no es un gesto menor, sino una condición básica para la salud pública y la convivencia urbana.
