Tras más de doce horas de intenso debate, el Senado aprobó la denominada Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el principal proyecto económico del Gobierno del presidente José Antonio Kast. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo como la herramienta para reactivar la inversión y acelerar el crecimiento del país, fue respaldada por una estrecha mayoría y ahora deberá regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados para su votación definitiva, luego de las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.
Los artículos centrales fueron aprobados por 26 votos a favor y 24 en contra, una votación que reflejó la profunda división política que ha generado una de las reformas más importantes del actual Gobierno.
Mientras el Ejecutivo celebró el avance legislativo, diversos sectores de oposición, economistas y organizaciones sociales cuestionaron que la iniciativa concentre la mayor parte de sus beneficios en las grandes empresas y en inversionistas de alto patrimonio, advirtiendo además sobre el eventual impacto que tendría en la recaudación fiscal y, por consecuencia, en el financiamiento de políticas públicas.
Al término de la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”, defendiendo que una menor carga tributaria permitirá atraer inversiones y generar empleo.
Una reforma centrada en la inversión privada
El proyecto contempla una serie de modificaciones tributarias orientadas principalmente a incentivar la inversión privada.
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Entre las principales medidas destacan:
- Reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% al 23% hacia 2029.
- Estabilidad tributaria para grandes inversiones por períodos de entre 10 y 20 años.
- Incentivos para la repatriación de capitales.
- Exención temporal del IVA para la compra de viviendas.
- Beneficios tributarios para adultos mayores propietarios de su primera vivienda.
- Creación del denominado “derecho al olvido financiero”, que permitirá eliminar de los registros las deudas prescritas o extinguidas después de cinco años.
- Agilización de permisos para proyectos de inversión y compensaciones económicas cuando éstos sean anulados por decisiones relacionadas con evaluaciones ambientales.
Para el Gobierno, estas medidas permitirán recuperar la confianza de los inversionistas y acelerar la creación de empleo en un escenario de bajo crecimiento económico.
Oposición y organizaciones advierten riesgos
Sin embargo, la reforma ha generado fuertes cuestionamientos.
Diversos parlamentarios sostienen que la disminución del impuesto corporativo favorecerá principalmente a las grandes empresas, mientras que sus efectos positivos sobre el empleo y la inversión aún no cuentan con consenso entre especialistas.
La senadora Yasna Provoste calificó parte del proyecto como una “amnistía tributaria”, mientras que la senadora Claudia Pascual aseguró que la iniciativa podría significar un importante deterioro para las finanzas públicas al reducir los ingresos permanentes del Estado.
A estas críticas se han sumado organizaciones sindicales, centros de estudios y expertos en políticas públicas, quienes sostienen que una menor recaudación podría limitar la capacidad del Estado para financiar áreas como salud, educación, seguridad y protección social si el crecimiento económico proyectado no logra compensar la baja de ingresos tributarios.
En esa misma línea, el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido que la sostenibilidad de las cuentas fiscales dependerá de que el aumento de la actividad económica sea suficiente para equilibrar la menor recaudación derivada de las rebajas tributarias.
Asimismo, uno de los puntos más controvertidos continúa siendo la compensación a empresas cuyos proyectos sean rechazados por decisiones ambientales, medida que, según organizaciones ambientalistas y parte de la oposición, podría debilitar los mecanismos de protección del medio ambiente y aumentar la presión sobre los organismos fiscalizadores.
El proyecto entra en su etapa decisiva
Debido a las modificaciones realizadas por el Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Si los cambios son aprobados, el proyecto quedará listo para ser promulgado por el Presidente. En caso contrario, deberá conformarse una comisión mixta para resolver las diferencias entre ambas cámaras.
La reforma representa la principal apuesta económica del Gobierno de José Antonio Kast y, al mismo tiempo, uno de los proyectos más controvertidos de su administración, enfrentando dos visiones opuestas: para el Ejecutivo, es la base para recuperar el crecimiento y atraer inversión; para sus detractores, prioriza beneficios tributarios para el gran empresariado a costa de reducir los recursos disponibles para el Estado y las políticas públicas.
