Un nuevo informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) vuelve a evidenciar la débil respuesta del Estado frente al uso irregular de licencias médicas en el sector público. Se trata del séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios —elaborado en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2026— que confirma una brecha persistente entre la magnitud del problema y las sanciones efectivamente aplicadas.
Según el reporte, con datos actualizados al 31 de diciembre de 2025, las instituciones del Gobierno Central registraron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, involucrando a 29.270 funcionarios públicos, de acuerdo con antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República. Las cifras consolidan un patrón ya conocido: miles de casos detectados, pero un número marginal de consecuencias administrativas reales.
Del total de funcionarios involucrados, 23.745 continúan desempeñándose en la administración pública, mientras que 5.525 ya no forman parte del aparato estatal. Sin embargo, ni siquiera la salida del servicio ha significado el cierre de los procesos: 2.947 exfuncionarios siguen siendo objeto de sumarios administrativos, reflejando la lentitud y el rezago estructural de los mecanismos de control interno.
El informe vuelve a instalar un cuestionamiento de fondo sobre la capacidad del Estado para fiscalizarse a sí mismo. A pesar de la reiteración de diagnósticos, balances y advertencias, el volumen de irregularidades contrasta con una respuesta sancionatoria que sigue siendo excepcional, alimentando la percepción de impunidad y debilitando la confianza pública en la probidad del sistema.
