El Juzgado de Garantía de Concepción rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra Claudio Luna Muñoz, de 39 años, único imputado por el incendio forestal “Trinitarias”, ocurrido el 17 de enero y que afectó gravemente a Penco y Tomé. La tragedia dejó 20 personas fallecidas, 14 lesionadas, cerca de 9 mil viviendas dañadas y más de 22 mil hectáreas consumidas por el fuego, convirtiéndose en uno de los siniestros más devastadores de la última década en la región.
La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, formalizó cargos por infracción a la Ley de Bosques, además de 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves. Sin embargo, el tribunal estimó que no existen antecedentes suficientes para atribuir al imputado la responsabilidad en la falta de mantención de la estufa que, según la Fiscalía, habría originado el incendio, resolviendo únicamente arresto domiciliario nocturno. La decisión tensiona la investigación y refuerza la percepción de fragilidad probatoria en un caso de alto impacto público.
El fallo no solo genera cuestionamientos jurídicos, sino también sociales. En las zonas afectadas persiste el escepticismo respecto de que una sola persona explique una catástrofe de esta magnitud, mientras crecen las dudas sobre factores estructurales asociados al modelo forestal, particularmente las extensas plantaciones de pino y eucalipto altamente inflamables, y a intereses económicos relevantes en el territorio.
En ese contexto, emerge un antecedente sensible: el esposo de la fiscal regional, el abogado Álvaro Sepúlveda Sanhueza, realizó en diciembre de 2023 una asesoría verbal al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), gremio que agrupa a 84 compañías con presencia en el Biobío, entre ellas CMPC, Arauco y la minera Aclara, vinculada a un proyecto de extracción de tierras raras en la zona.
Este vínculo fue revelado por Interferencia en 2024, a propósito de las actuaciones de la fiscal regional en el Caso Convenios, donde también aparece Irade a través de su ex presidente, Paul Esquerré, investigado en la arista Procultura. Ante consultas periodísticas, el Ministerio Público sostuvo que la asesoría fue realizada “en calidad de experto en Derecho Administrativo”, sin informes escritos ni representación legal, y que la fiscal Cartagena no tuvo conocimiento de ella sino hasta que fue consultada por la prensa.
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Aunque no existe imputación formal por conflicto de interés, el episodio instala un manto de duda sobre la necesaria separación entre investigaciones penales de alto impacto y los vínculos con actores económicos del territorio. En una tragedia de esta magnitud, la exigencia ciudadana no es solo justicia, sino también transparencia reforzada y una investigación que despeje, sin zonas grises, todas las responsabilidades posibles.
Fuente: Interferencia
https://interferencia.cl/articulos/esposo-de-fiscal-que-investiga-incendios-en-el-biobio-asesoro-gremio-en-que-participan#:~:text=El%20abogado%20%C3%81lvaro%20Sep%C3%BAlveda%20Sanhueza,el%20incendio%20forestal%20%E2%80%9CTrinitarias%E2%80%9D.
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