Un grupo transversal de diputados ingresó un proyecto de ley que busca crear un nuevo delito de usura en el Código Penal para sancionar a personas y empresas que obtengan ganancias abusivas mediante sobreprecios injustificados en contratos con el Estado durante situaciones de emergencia, catástrofes, crisis sanitarias o procesos de reconstrucción.
La iniciativa fue presentada por la diputada Sofía González (PC) y respaldada por los diputados Camila Montalva (PPD), Consuelo Veloso (FA), Andrés Giordano Iabaca (PS), Jaime Bassa (FA), Daniel Mella (DC), Ana María Gazmuri (AH), Karol Hassler (PC), Marcos Barraza (PC) y Hernán Pizarro (PC).
El proyecto establece que quienes se aprovechen de la necesidad del Estado en contextos excepcionales podrán enfrentar penas de hasta 15 años de presidio, además de multas de hasta tres veces el monto obtenido de manera ilícita, el decomiso de las ganancias, la prohibición de contratar con el Estado por 15 años e incluso la disolución de la empresa cuando corresponda.
La diputada Sofía González explicó que la iniciativa busca impedir que empresas o personas obtengan beneficios económicos desproporcionados cuando el Estado debe actuar con rapidez para responder a una emergencia.
“Quienes cometan este delito enfrentarán penas de cárcel de hasta 15 años, multas de hasta tres veces lo ganado ilícitamente, el decomiso de esas ganancias, la prohibición de contratar con el Estado durante 15 años e incluso la disolución de la empresa si es necesario”, señaló.
El proyecto contempla sanciones aún más severas cuando exista colusión o cuando los sobreprecios afecten bienes considerados esenciales, como viviendas de emergencia, medicamentos, insumos médicos o productos básicos para la población.
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Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri recordó las controversias registradas durante la pandemia por compras de insumos médicos y ventiladores, indicando que investigaciones de la Contraloría y del Ministerio Público evidenciaron la necesidad de fortalecer las sanciones frente al aprovechamiento económico en contextos de crisis.
En la misma línea, el diputado Marcos Barraza afirmó que las emergencias “no deben ser una oportunidad para el enriquecimiento ilícito”, recordando que Chile ha enfrentado diversos casos de colusión y abusos económicos que han perjudicado a miles de familias.
De ser aprobado, el proyecto incorporaría un nuevo delito específico en el Código Penal destinado a castigar el lucro indebido en contrataciones públicas realizadas durante situaciones excepcionales, reforzando las sanciones penales y administrativas para quienes obtengan beneficios económicos abusivos a costa del Estado.
