A pesar de que el desempleo en Chile sigue mostrando signos de fragilidad, el gobierno implementó una importante reducción de recursos para las carteras destinadas a la protección laboral: más de $123 mil millones recortados al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). A través del Decreto N°330, del 24 de abril de 2026, visado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y con toma de razón de la Contraloría General de la República, la administración de José Antonio Kast introdujo modificaciones al presupuesto del sector público que restaron miles de millones a reparticiones dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Según una investigación revelada por Contrapoder, el Sence fue la repartición estatal más afectada por estos ajustes.
La noticia se conoce en un contexto crítico: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó una tasa de desempleo de 9,4% para el trimestre marzo-mayo de 2026, la más alta desde 2021.
El Sence es el organismo encargado de canalizar herramientas clave como el Subsidio al Empleo Joven, el Bono Mujer Trabajadora —en un escenario donde el desempleo femenino se mantiene en 10,5%—, los incentivos para la contratación de adultos mayores y la Bolsa Nacional de Empleo. El recorte no se limitó al Sence. La Dirección del Trabajo experimentó una reducción de $2.109.073.000, el Instituto de Previsión Social (IPS) vio disminuidos sus fondos en $7.606.558.000, y la Dirección General de Crédito Prendario —conocida popularmente como la «Tía Rica»— sufrió un recorte de $1.995.570.000.
