Que la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se haga por primera vez en un país del Caribe marca un nuevo hito para el primer tratado ambiental que une a la región con América Latina. En países atravesados por conflictos socioambientales, el acuerdo busca garantizar acceso a la información, participación ciudadana y justicia, tres pilares clave para fortalecer la democracia ambiental y enfrentar los desafíos de la crisis climática.
Publicado el 15/08/2025
Por primera vez, la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realiza en un país del Caribe. La reunión marca un nuevo momento para este tratado ambiental clave en América Latina y esa región, en países donde el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental siguen siendo desafíos centrales. Aunque el acuerdo tiene alcance regional, este encuentro refuerza la idea de que su implementación atraviesa territorios diversos y realidades compartidas.
En América Latina y el Caribe, las decisiones sobre el ambiente no siempre fueron transparentes ni participativas. Durante décadas, comunidades enteras quedaron al margen de proyectos que impactaban directamente en sus territorios. En ese contexto, comenzó a gestarse un proceso que buscó cambiar esa lógica y garantizar derechos básicos vinculados al ambiente.
El punto de partida del Acuerdo de Escazú se remonta a 2012, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20. Allí, varios países de la región impulsaron una declaración conjunta inspirada en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que establece que el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia son fundamentales para proteger el ambiente.