Una nueva propuesta legislativa busca endurecer las sanciones contra quienes defraudan a ciudadanos o al Estado. El senador Esteban Velásquez planteó la creación de registros públicos para personas y empresas condenadas por delitos económicos, incluyendo estafas, colusión, fraude al Fisco y evasión tributaria.
La iniciativa surge a propósito del Registro de Vándalos e Incivilidades impulsado por el Gobierno, pero busca extender el principio de transparencia hacia quienes cometen delitos económicos que generan millonarias pérdidas para el Estado o afectan directamente a los consumidores.
Según explicó el parlamentario, la propuesta apunta a identificar a personas naturales y jurídicas involucradas en prácticas destinadas a defraudar al Estado, engañar a consumidores o vulnerar las reglas de libre competencia.
Entre los casos que podrían quedar incorporados en estos registros se encuentran condenados por estafas, colusión entre empresas, fraude al Fisco, corrupción y evasión de impuestos, una práctica que cada año representa importantes pérdidas de recursos públicos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad e infraestructura.
La propuesta también contempla sanciones más severas para quienes sean condenados por este tipo de delitos. Entre ellas se incluye la prohibición perpetua de ejercer determinadas profesiones u oficios relacionados con la infracción cometida, la imposibilidad de contratar con organismos públicos, la pérdida del acceso a beneficios tributarios y, en el caso de empresas, incluso la cancelación de su personalidad jurídica en situaciones de especial gravedad.
Otras noticias
Velásquez sostuvo que la discusión no puede centrarse únicamente en delitos asociados al orden público, sino que también debe considerar a quienes obtienen beneficios económicos mediante conductas ilícitas que perjudican a miles de personas o afectan el patrimonio fiscal.
“Debemos poner atención en las personas naturales y jurídicas que están pensando cómo defraudar al Estado o cómo estafar a la ciudadanía. Desde las colusiones hasta cualquier abuso que constituya delito, deben enfrentar consecuencias ejemplares”, señaló.
La propuesta abre un debate sobre la necesidad de aumentar la transparencia y las sanciones en materia de delitos económicos, especialmente en un contexto donde casos de fraude, corrupción, colusión y evasión tributaria suelen generar amplio rechazo ciudadano.
De prosperar, la iniciativa podría convertirse en una de las medidas más severas impulsadas en los últimos años contra quienes cometan delitos económicos en Chile
