Reconexión gratuita servicios básicos al Tribunal Constitucional es el tema que hoy divide a La Moneda y al Congreso. El Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe. El requerimiento fue firmado por el presidente José Antonio Kast junto a los ministros Jorge Quiroz (Hacienda), José García Ruminot (Segpres), Louis de Grange (Obras Públicas) y Ximena Rincón (Energía).
La norma establece que las empresas concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de distribución de gas estarán obligadas a reconectar, de forma gratuita y sin condición previa de pago, a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas o medianas empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe -como Valparaíso, Ñuble y Biobío-, incluso si habían sido desconectados por no pago antes o durante la vigencia de esa declaración.
Plazos y prohibiciones que contempla la norma
La disposición fija plazos obligatorios de reconexión: 48 horas para los suministros eléctrico y de gas, y 24 horas para el agua potable y alcantarillado, contados desde la solicitud del usuario. Además, prohíbe a las empresas concesionarias cobrar cualquier cargo por concepto de reconexión, reposición, visita técnica o revisión de instalaciones, y establece compensaciones para los usuarios en caso de que las empresas superen estos plazos.
Por qué el Gobierno recurre al Tribunal Constitucional
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La discusión sobre la reconexión gratuita de servicios básicos ante el Tribunal Constitucional se centra en un argumento jurídico específico: el Ejecutivo sostiene que la norma vulnera el artículo 69 de la Constitución, que regula qué modificaciones pueden ingresar los parlamentarios durante la tramitación de un proyecto de ley. Según el requerimiento, ninguna disposición original de la megarreforma -orientada a reactivar la economía y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de inicios de 2026- se refería, ni siquiera tangencialmente, a la reconexión de suministros eléctricos, de gas o sanitarios.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó la postura del Ejecutivo: “El caso de esta iniciativa, estamos siendo apegados a la institucionalidad. Esto está fuera de la idea matriz. Cuando se presentó, yo mismo hice una reserva de constitucionalidad al respecto”. Consultado sobre por qué el Gobierno optó por recurrir al TC en lugar de utilizar un veto presidencial, el ministro señaló que buscan agilizar la tramitación general del proyecto.
El requerimiento agrega que la indicación, presentada originalmente por la diputada Sofía González (PC), fue rechazada en la Comisión de Hacienda de la Cámara en una votación de bloque, sin discusión separada, y su incorporación se produjo posteriormente por la vía de su renovación ante la Sala, sin que mediara estudio de una comisión técnica ni audiencia de los organismos involucrados en la materia.
El cruce político por la reconexión gratuita de servicios básicos
La decisión de recurrir al Tribunal Constitucional generó un fuerte cruce entre el Ejecutivo y el Congreso. La senadora Karol Cariola (PC), autora de la indicación original, emplazó directamente al ministro Quiroz, acusándolo de no cumplir su palabra. Según la parlamentaria, el ministro habría asumido previamente el compromiso de no objetar la disposición, argumentando que compartía el espíritu de la norma frente a las emergencias que ha vivido el país.
“El día de hoy recibimos con desazón, y por supuesto con mucha decepción, que lo hayan ingresado al Tribunal Constitucional para poder suprimirlo por esa vía. Yo lamento esta decisión del Gobierno, porque no solamente hay un incumplimiento de la palabra del ministro, sino que además con esto se atenta contra cuestiones que son fundamentales”, señaló Cariola, quien adelantó que defenderán la disposición ante el TC.
Una regulación que el Gobierno no descarta, pero cuestiona en su forma
Consultado sobre si se consideró la situación de emergencias recientes, como las registradas en Coquimbo y Atacama, el ministro Quiroz respondió afirmativamente y reiteró que la decisión del Ejecutivo responde a un apego estricto a la institucionalidad, no a un rechazo de fondo a este tipo de regulaciones. La tesis central de La Moneda es que el Congreso puede discutir una regulación sobre la reconexión de servicios básicos en situaciones de catástrofe, pero debe hacerlo mediante un proyecto o disposición que respete las reglas constitucionales de formación de la ley y que guarde relación directa con las ideas matrices de la iniciativa en que se incorpora.
