La decisión del Gobierno de iniciar el término del Programa Mujeres Rurales ha abierto un intenso debate sobre el futuro de una de las principales políticas públicas dirigidas a campesinas e indígenas del país. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que la iniciativa no finalizará de manera inmediata y que será reemplazada por un nuevo instrumento, organizaciones sociales, parlamentarios y beneficiarias advierten que persisten dudas respecto a su alcance y efectos.
El programa, ejecutado conjuntamente por INDAP y PRODEMU desde 1992, ha beneficiado a más de 35 mil mujeres rurales a través de capacitación, apoyo productivo y acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos. Sin embargo, durante una reciente sesión de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado, autoridades confirmaron que el aporte de INDAP comenzará a reducirse progresivamente hasta extinguirse completamente en 2029.
La noticia encendió las alertas entre organizaciones campesinas y representantes políticos, quienes cuestionan la incertidumbre que genera el proceso. La senadora Loreto Carvajal advirtió que aún no existe claridad sobre el destino de los recursos ni sobre el futuro de las mujeres que han encontrado en esta iniciativa una herramienta para alcanzar autonomía económica en territorios donde las oportunidades suelen ser más limitadas.
Las críticas también apuntan a la forma en que se ha comunicado la medida. El diputado Felipe Camaño denunció la falta de información previa, la ausencia de un proceso de consulta y la inexistencia de un plan de transición claro para las beneficiarias. Según indicó, incluso había mujeres seleccionadas para incorporarse al programa durante los próximos años, lo que ha incrementado la preocupación en distintas comunidades rurales.
Desde el Gobierno, sin embargo, descartan que se trate de una eliminación del apoyo estatal a las mujeres rurales. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, explicó que la decisión responde a observaciones realizadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), relacionadas con el uso de recursos transferidos a PRODEMU para gastos operacionales. En ese contexto, sostuvo que el programa continuará funcionando durante el presente período, mientras se implementa una reducción gradual de los aportes.
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Paralelamente, INDAP trabaja en el diseño de una nueva iniciativa que sería ejecutada directamente por el servicio y que buscaría absorber a las usuarias que cumplan con los requisitos institucionales. La propuesta pretende mantener el apoyo productivo a mujeres rurales bajo un esquema más flexible y alineado con la oferta programática del organismo.
No obstante, el anuncio no ha logrado disipar todas las dudas. Dirigentes de organizaciones campesinas han cuestionado que el nuevo programa se esté diseñando sin una participación efectiva de las mujeres rurales y advierten que aún no existe certeza sobre quiénes podrán acceder a los futuros beneficios. Una de las principales inquietudes apunta a aquellas emprendedoras que actualmente reciben apoyo, pero que podrían quedar fuera por no cumplir los criterios de ingreso exigidos por INDAP.
Más allá de los aspectos técnicos y presupuestarios, el debate ha puesto sobre la mesa una discusión más amplia sobre la continuidad de las políticas públicas rurales. Para especialistas y organizaciones sociales, programas de largo plazo como Mujeres Rurales no solo entregan herramientas económicas, sino que también construyen confianza entre el Estado y las comunidades, especialmente en sectores históricamente marcados por brechas de género, aislamiento territorial y limitadas oportunidades de desarrollo.
Por ello, el foco de la controversia ya no está únicamente en el cierre gradual del convenio entre INDAP y PRODEMU, sino en la capacidad del Estado para garantizar que la transición hacia un nuevo modelo se realice con certezas, participación y sin afectar a miles de mujeres que han encontrado en esta política pública una oportunidad concreta para mejorar su calidad de vida y proyectar su futuro.
