La funcionaria fue suspendida por tres meses tras eliminar un registro que contenía antecedentes sobre lesiones detectadas en un menor de dos años, quien fue asesinado al día siguiente por su padrastro. Actualmente dirige otro jardín infantil en la Región Metropolitana.
Una investigación publicada por CIPER Chile reveló que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene en funciones como directora de un jardín infantil de la Región Metropolitana a una educadora de párvulos que fue sancionada administrativamente por destruir documentos relacionados con un caso de maltrato infantil ocurrido en 2022.
Según el reportaje, la funcionaria ejercía como directora subrogante cuando educadoras del establecimiento detectaron múltiples lesiones en un niño de casi dos años. Pese a que los antecedentes fueron registrados internamente, no se realizó la denuncia correspondiente ni se activaron los protocolos de protección establecidos para estos casos.
Al día siguiente, el menor fue víctima de abuso sexual y homicidio a manos de su padrastro.
Destrucción de antecedentes
De acuerdo con los antecedentes obtenidos por CIPER, tras conocer la muerte del niño, la directora ingresó al jardín infantil fuera del horario de funcionamiento y destruyó el registro donde se habían consignado las lesiones observadas el día anterior.
El sumario administrativo instruido por Junji concluyó que la funcionaria incumplió sus deberes al intentar eliminar información relevante para esclarecer los hechos. La investigación estableció además que días después ordenó reconstruir el documento, aunque con modificaciones respecto de su contenido original.
Como resultado del proceso disciplinario, la educadora recibió una suspensión de tres meses y una rebaja del 50% de su remuneración durante ese período. Sin embargo, no fue desvinculada del servicio.
Actualmente dirige otro jardín infantil
La investigación señala que la funcionaria continúa trabajando en Junji y actualmente ejerce como directora titular de otro jardín infantil en la Región Metropolitana.
Consultada por CIPER, la institución indicó que el sumario administrativo concluyó y que las sanciones fueron ejecutadas conforme a la resolución final. Asimismo, informó que desde 2024 reforzó sus protocolos para actuar frente a posibles vulneraciones de derechos de niños y niñas, además de fortalecer las capacitaciones sobre deber de denuncia y protección de la infancia.
Reacción de la familia
La abuela paterna del menor fallecido manifestó al medio que considera insuficientes las sanciones adoptadas y sostuvo que personas que omitan denunciar situaciones de este tipo no deberían seguir desempeñándose en cargos con responsabilidad sobre niños.
La mujer, representada por la Fundación Amparo y Justicia, impulsó además una acción judicial por la destrucción de documentos públicos. Ese proceso concluyó mediante una suspensión condicional, que obligó a la funcionaria a firmar mensualmente durante un año y ofrecer disculpas públicas.
La investigación también expone que, debido a los plazos legales vigentes en ese momento, no fue posible perseguir penalmente la omisión de denuncia, aunque especialistas consultados por el medio sostienen que con la legislación actual podrían existir otras figuras penales aplicables.
Fuente: Investigación de CIPER Chile, publicada el 8 de julio de 2026 por Diego Ortiz, Francisca Soto y Mauricio Weibel Barahona.
