Control letal de perros: proyecto de ley avanza en la Comisión de Agricultura de la Cámara

Control letal de perros proyecto de ley

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó en general, por 10 votos a favor y 2 en contra, el proyecto que permite a la industria ganadera el uso del control letal sobre perros asilvestrados. La iniciativa ahora comenzará su discusión en particular, en una nueva etapa de un debate legislativo que lleva años sobre la mesa.

Se trata de la refundición de dos boletines, el N° 16.962 01 y el N° 18.269 01, que combinan dos objetivos: por un lado, establecer como deber del Estado la protección de la fauna silvestre; por otro, autorizar la captura y el control letal de perros asilvestrados o ferales en predios ganaderos.

Lo que dice el proyecto

El artículo 5 de esta iniciativa sobre control letal de perros, impulsada por el diputado Daniel Lilayu (UDI), exime del delito de maltrato animal a quien actúe “en defensa propia, de un tercero o del ganado, frente al ataque actual o inminente de uno o más perros salvajes o ferales”. Para implementar este sistema de captura, el proyecto exige una denuncia previa, que deberá estar acompañada de registros fotográficos o audiovisuales e informes veterinarios que acrediten el ataque.

Los argumentos del sector ganadero

Desde el mundo rural, el respaldo a este proyecto de ley de control letal de perros se sostiene en cifras concretas de pérdidas productivas. Productores ganaderos de distintas zonas del sur del país han reportado ataques recurrentes que provocan la muerte de terneros y ovejas, en algunos casos con pérdidas cercanas al 100% de la masa ganadera en una sola noche. El presidente de la Federación de Ovinos y Caprinos de Chile, Félix Cancino, ha planteado además que el problema radica mayoritariamente en perros con dueños irresponsables, y ha pedido penas efectivas, incluida la cárcel, para quienes no controlen a sus animales en sectores productivos.

El rechazo de organizaciones animalistas y expertos

En la vereda opuesta, especialistas y organizaciones agrupadas en la campaña “No a la Caza de Perros” advierten que la iniciativa abre la puerta al control letal sin garantías reales de fiscalización. “Una vez muerto el animal, no existe forma real de comprobar si realmente existió o no un ataque. En la práctica es una autorización general encubierta para matar perros”, advirtió Mayra Cabezas, abogada de Fundación Derecho y Defensa Animal.

Desde ese mismo sector se insiste en que la raíz del problema no está siendo abordada: el abandono de mascotas, la tenencia irresponsable y la falta de políticas públicas efectivas de esterilización y control poblacional. “Matar no controla la población”, ha sostenido Cabezas, mientras otras especialistas apuntan a que la evidencia científica muestra que la eliminación masiva de perros no resuelve el problema de manera sostenida mientras sigan existiendo abandonos y reproducción descontrolada.

Un debate que ya se dio antes

No es la primera vez que el Congreso discute una iniciativa de control letal de perros. Un proyecto similar fue rechazado en la Cámara de Diputados en 2024, cuando solo 11 de 155 parlamentarios votaron a favor de regular esta materia. La nueva versión del proyecto busca revertir ese resultado con un enfoque distinto y, según sus impulsores, mayor consenso político.

Pese a las diferencias, tanto el sector productivo como las organizaciones de protección animal coinciden en un punto: el conflicto entre perros y actividad agropecuaria requiere respuestas concretas. La diferencia está en el método, entre quienes ven en el control letal una herramienta necesaria frente a pérdidas económicas reales, y quienes insisten en que la solución de fondo pasa por enfrentar el abandono y la tenencia irresponsable, antes que por autorizar la muerte de los animales.

Lo que viene

Con la aprobación general en la Comisión de Agricultura, este proyecto de ley de control letal de perros entra ahora en su etapa de discusión en particular, donde se debatirán los artículos específicos de la iniciativa, incluyendo los mecanismos de fiscalización que hoy generan mayor controversia, antes de su votación en la Sala de la Cámara de Diputados.

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