La decisión del Gobierno de poner fin a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) ha generado preocupación entre funcionarios, organizaciones y víctimas, quienes advierten que el cierre representa un importante retroceso en los esfuerzos del Estado por esclarecer uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Chile.
La unidad había sido creada en febrero de 2026 como respuesta a las recomendaciones de la mesa interinstitucional conformada por el propio Estado en 2024 y en cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas en la Ley de Reajuste del Sector Público.
Su objetivo era coordinar la búsqueda de personas afectadas por adopciones ilegales, facilitar reencuentros familiares, impulsar el Banco de Huellas Genéticas del Servicio Médico Legal, brindar apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas, además de colaborar con tribunales, consulados y organismos internacionales.
Sin embargo, apenas cuatro meses después de su creación, la Subsecretaría de Derechos Humanos dejó sin efecto la resolución que dio origen a la unidad y desvinculó a los tres profesionales que la integraban. La medida fue oficializada mediante la Resolución Exenta N.º 207, firmada el pasado 22 de junio.
Preocupación por el cumplimiento de la ley
Aunque el Gobierno sostiene que las funciones continuarán bajo una nueva estructura dependiente del gabinete de la Subsecretaría, exintegrantes de la unidad y funcionarios del ministerio cuestionan que exista la capacidad operativa para responder a los requerimientos que establece la legislación vigente.
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Uno de los principales puntos de preocupación es que la ley mantiene la obligación de realizar investigaciones administrativas cuando sean solicitadas por los tribunales, además de entregar acompañamiento psicológico y asesoría jurídica a las víctimas.
Según quienes trabajaban en la UBAFI, varios proyectos fundamentales quedaron inconclusos, entre ellos la implementación del Banco de Huellas Genéticas, considerado una herramienta clave para facilitar la reunificación de familias separadas por adopciones irregulares.
El exencargado de la unidad, Ananías Reyes, calificó la decisión como “un retroceso del Estado en la respuesta a víctimas que durante décadas han esperado verdad, justicia y reparación”.
La explicación del Gobierno
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos señalaron que durante los tres meses de funcionamiento de la unidad no se recibió ningún requerimiento judicial que activara formalmente las investigaciones contempladas por la ley.
Según la repartición, mantener una estructura con tres profesionales significaba un costo cercano a los $10 millones mensuales, por lo que se optó por redistribuir las funciones hacia el gabinete de la subsecretaría y contratar a un profesional especializado para continuar el trabajo.
La autoridad aseguró que la reorganización busca optimizar el uso de los recursos públicos y que el cierre de la unidad “no implica el término del trabajo en materia de adopciones forzadas e irregulares”.
Persisten las dudas
Pese a las explicaciones oficiales, la decisión sigue generando cuestionamientos al interior del Ministerio de Justicia y entre organizaciones vinculadas a las víctimas.
La principal interrogante apunta a si una estructura considerablemente más reducida será capaz de responder cuando comiencen a llegar los requerimientos judiciales previstos en la ley, así como brindar el acompañamiento especializado que requieren cientos de personas que aún buscan conocer su verdadero origen y reencontrarse con sus familias biológicas.
Para las agrupaciones de víctimas, el cierre de una unidad creada específicamente para abordar esta deuda histórica envía una señal contradictoria respecto del compromiso del Estado con la verdad, la reparación y la garantía efectiva de los derechos humanos.
