“Una sociedad no fracasa únicamente cuando un adolescente comete un delito. Fracasa cuando durante años fue incapaz de proteger la infancia que había detrás de esa historia.”
No es un caso aislado. Cada cierto tiempo aparecen expresiones como “delincuente de 14 años volvió a caer”, “menores aterrorizan a vecinos” o “niños sicarios”. Son frases que generan impacto, aumentan la audiencia y alimentan la sensación de inseguridad. Sin embargo, rara vez vienen acompañadas de una pregunta igualmente importante: ¿qué ocurrió durante los diez o quince años anteriores para que ese niño llegará hasta ahí?
Los titulares tienen poder. No solo informan; también moldean la manera en que la sociedad comprende los problemas públicos. Cuando reducimos a un adolescente a la palabra delincuente, corremos el riesgo de invisibilizar todo aquello que ocurrió antes: la negligencia, la violencia, el abandono escolar, la pobreza, los problemas de salud mental, el consumo problemático de sustancias en el hogar, las experiencias de maltrato o la ausencia de adultos protectores. No todos los adolescentes que infringen la ley han vivido estas situaciones, pero diversos informes de la Defensoría de la Niñez, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y de investigaciones nacionales muestran que una proporción importante de ellos ha experimentado múltiples vulneraciones de derechos a lo largo de su infancia.
Comprender una trayectoria no significa justificar un delito. Significa reconocer que entender las causas es muy distinto a excusar las consecuencias.
Nos hemos acostumbrado a mirar el último capítulo de una historia y muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos cómo comenzó
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No existen niños que nazcan violentos, delincuentes o destinados al fracaso. Existen niños que nacen en contextos profundamente desiguales. Mientras algunos crecen rodeados de afecto, estabilidad, alimentación adecuada, apoyo escolar y adultos disponibles, otros llegan a hogares atravesados por la pobreza, la violencia intrafamiliar, el consumo problemático de sustancias, la negligencia, el abandono o la ausencia de redes de apoyo. Mientras unos hacen sus tareas en una habitación tranquila, otros cuidan a sus hermanos menores porque sus padres trabajan todo el día. Mientras algunos reciben contención cuando fracasan, otros aprenden desde pequeños que sobrevivir es más urgente que soñar.
No todos parten desde el mismo lugar. Y esa diferencia importa.
Hace más de un siglo, Mary Richmond, pionera del Trabajo Social moderno, enseñó que comprender verdaderamente a una persona exige comprender también su entorno. Ninguna intervención puede limitarse al comportamiento individual sin analizar las condiciones familiares, económicas y comunitarias que lo rodean.
Décadas más tarde, Humberto Maturana recordaría que nadie construye su identidad en soledad. Las personas nos constituimos en la relación con otros. La forma en que un niño es mirado, escuchado, cuidado o ignorado influye profundamente en quién llegará a ser. Esa mirada dialoga con la propuesta de Urie Bronfenbrenner, quien explicó que el desarrollo infantil depende de múltiples sistemas que interactúan entre sí: la familia, la escuela, el barrio, la comunidad, las instituciones y las políticas públicas. Cuando varios de esos sistemas fallan simultáneamente, aumentan las probabilidades de exclusión y disminuyen las oportunidades para construir un proyecto de vida.
Desde la salud pública, Michael Marmot ha demostrado que las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven y trabajan – los determinantes sociales – influyen profundamente en su bienestar y en sus oportunidades futuras. La pobreza, la desigualdad y la exclusión no determinan que una persona cometerá un delito, pero sí aumentan la exposición a múltiples factores de riesgo. En criminología, Travis Hirschi sostuvo que uno de los principales factores protectores frente a la delincuencia son los vínculos sociales. Robert K. Merton, por su parte, explicó cómo las sociedades promueven ideales de éxito para todos sin ofrecer las mismas oportunidades para alcanzarlos, generando tensiones que ayudan a comprender muchas trayectorias de exclusión.
Entonces la pregunta deja de ser únicamente qué hizo este adolescente y pasa a ser otra mucho más incómoda: ¿qué ocurrió antes para que llegara hasta aquí?, ¿qué vínculos perdió?, ¿qué oportunidades nunca tuvo?, ¿quién dejó de protegerlo cuando más lo necesitaba?
Quien comete un delito debe responder por sus actos. Pero una sociedad madura puede sostener dos ideas al mismo tiempo: existe responsabilidad individual y también existen responsabilidades familiares, comunitarias e institucionales cuando durante años se permitió que un niño creciera entre la violencia, el abandono o la desprotección.
Las palabras importan. Las etiquetas también. Cuando un adolescente escucha que pertenece al “centro más peligroso del país” o que forma parte de una generación “sin remedio”, ese discurso puede transformarse en una identidad difícil de abandonar. La reinserción social comienza mucho antes de conseguir un trabajo o terminar los estudios; comienza cuando una persona vuelve a creer que puede ser algo más que el peor momento de su vida.
Tal vez el mayor error sea que solo miramos a nuestros adolescentes cuando se convierten en noticia. Muy pocas veces los vemos cuando abandonan la escuela, cuando desarrollan ansiedad o depresión, cuando viven violencia en sus hogares, cuando consumen sustancias para aliviar un dolor que nadie vio o cuando esperan durante meses una atención de salud mental.
La adolescencia es una de las etapas más complejas del desarrollo humano. Es el tiempo en que se construye la identidad, se redefine el lugar en el mundo y muchas heridas de la infancia comienzan a manifestarse con mayor intensidad. Sin embargo, seguimos esperando que los adolescentes enfrenten solos aquello para lo que muchos adultos también necesitan apoyo. No debería convertirse en prioridad únicamente cuando aparece un delito. Debería ser una prioridad permanente, porque prevenir también significa escuchar, fortalecer la salud mental, acompañar a las familias, apoyar a las escuelas, recuperar los barrios y construir comunidades capaces de ofrecer oportunidades antes de que la desesperanza ocupe ese lugar.
Como trabajadora social he aprendido que detrás de una conducta siempre existe una historia. He conocido adolescentes que ejercieron violencia, pero que antes fueron víctimas de ella. He conocido jóvenes que hoy enfrentan procesos judiciales, pero que durante años permanecieron invisibles para los sistemas de protección. También he conocido familias que, pese a enormes dificultades, luchan cada día por ofrecer un futuro distinto a sus hijos. Las trayectorias nunca son iguales y, por lo mismo, las respuestas tampoco deberían serlo.
Necesitamos proteger a los funcionarios, fortalecer la seguridad de los centros y garantizar procesos efectivos de reinserción. Pero también necesitamos invertir mucho más en primera infancia, salud mental, educación, fortalecimiento familiar, prevención temprana y políticas públicas que reduzcan las desigualdades. No son caminos opuestos. Son parte de una misma solución.
La delincuencia juvenil no comienza el día en que un adolescente infringe la ley. Comienza mucho antes: cuando normalizamos la desigualdad, cuando aceptamos el abandono como parte del paisaje, cuando miles de niños crecen sin las mismas oportunidades y cuando miles de adolescentes esperan atención en salud mental sin que eso provoque la misma indignación que un titular policial.
Si de verdad queremos construir un país más seguro, la conversación no puede comenzar únicamente en el sistema penal. Debe comenzar en el embarazo, en la sala cuna, en la escuela, en el consultorio, en el barrio, en el fortalecimiento de las familias y en políticas públicas que protejan efectivamente a la infancia y la adolescencia.
Porque la mejor política de seguridad también es una buena política de infancia.
Tal vez la verdadera pregunta no sea por qué algunos adolescentes delinquen. La verdadera pregunta es ¿Qué estamos haciendo – o dejando de hacer – para que tantos lleguen a ese punto?
Antes del delito hubo una infancia. Durante esa infancia hubo oportunidades para cuidar, proteger, escuchar e intervenir. Hubo familias que necesitan apoyo, escuelas que requirieron más herramientas, adolescentes que esperaban atención en salud mental y comunidades que pudieron haber estado más presentes.
La verdadera prevención comienza mucho antes del primer delito. Comienza cuando decidimos que ningún niño, niña o adolescente debe crecer sintiéndose invisible. Porque ellos no nacen delincuentes. Nacen con derechos, con dignidad, con capacidades y con la posibilidad de construir un proyecto de vida. Esa es la responsabilidad que compartimos como familias, comunidades, instituciones y Estado. Sólo cuando comprendamos que proteger la infancia también es una estrategia de seguridad pública podremos aspirar a un cambio real. El verdadero éxito de una sociedad no se mide por la cantidad de cárceles que construye o si se baja la edad de responsabilidad penal, sino por la cantidad de niños, niñas y adolescentes que nunca necesitan llegar a una cárcel.
Por Maritza Ortega Palavecinos / Le Monde Diplomatique – Edición Chilena
