Tribunal absuelve a conductora que atropelló y mató a Martín González Stuardo en Chiguayante: familia anuncia recurso de nulidad
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción absolvió por unanimidad a Sandra Vallejos Robles, la mujer acusada de atropellar y dar muerte al joven Martín González Stuardo en la Avenida Ocho Oriente de Chiguayante en noviembre de 2023. El veredicto, pronunciado el 22 de abril, dejó a la familia de Martín sin justicia penal y abrió un agrio debate sobre cómo los tribunales interpretan las normas de tránsito y el valor de una zona escolar.
Un fallo que no reconoció la zona de escuela
La acusación, sostenida por la Fiscalía y la abogada querellante Ángela Contreras en representación de Natalia Stuardo —madre de Martín y víctima indirecta—, invocó el artículo 197 quinquies de la Ley de Tránsito, conocida como Ley Toretto, que exige acreditar que el conductor circulaba a más de 60 km/h por sobre el límite permitido. La parte acusadora argumentó que el sector correspondía a una zona de escuela, con un máximo de 30 km/h, y que la imputada lo superó ampliamente.
El tribunal, integrado por las juezas Cecilia Grant del Río, Antonia Flores Rubilar y el magistrado suplente Daniel Inzunza Vásquez, rechazó esa tesis. A juicio del tribunal, la señalética existente en la vía al momento del accidente regulaba un límite de 70 km/h, no 30, por lo que ese era el parámetro penal aplicable. Bajo esa lectura, y dado que los peritajes arrojaron velocidades dispares, el tribunal no encontró certeza suficiente para condenar.
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Sitio del suceso alterado y vehículo vendido pese a medida cautelar
El tribunal también absolvió a Vallejos Robles del cargo de obstrucción a la investigación (art. 269 bis del Código Penal), al estimar que ninguna prueba acreditó que hubiera sido ella quien movió el vehículo tras el impacto. Sin embargo, Natalia Stuardo entrega antecedentes que, a su juicio, contradicen esa conclusión: el sitio del suceso fue alterado antes de ser periciado por la SIAT, lo que comprometió la calidad de la evidencia desde el inicio. A ello se suma un hecho que la familia considera igualmente grave: pese a que el tribunal había dictaminado una medida cautelar de prohibición de venta del vehículo involucrado en el accidente, la conductora lo transfirió a su hermano.
“Un veredicto vergonzoso para todas las víctimas de violencia vial”
Natalia Stuardo no ocultó su impotencia. “Hoy una vez más la sala conformada por los jueces Grantt, Flores e Inzunza, en un veredicto vergonzoso para todas las víctimas de violencia vial, se culpa a quienes no tienen voz, se les invisibiliza, siendo que la velocidad constituye la segunda causa de muerte en Chile”, declaró.
Natalia además cuestionó las conclusiones del tribunal sobre la velocidad de la conductora, recordando que la propia SIAT —que trabajó sobre un sitio del suceso ya alterado— determinó una velocidad mínima de 97 km/h, mientras que la reconstitución de escena arrojó más de 120 km/h. “¿Qué vale más, una zona de escuela de 30 km/h o el exceso de velocidad que quita vidas sin ninguna oportunidad de sobrevivencia?”, preguntó, anunciando que continuarán la lucha “en todas las instancias” y que cuentan con el apoyo de expertos y de la Fiscalía.
Recursos de nulidad en vista
La abogada Ángela Contreras confirmó que estudian presentar un recurso de nulidad una vez que conozcan en detalle los fundamentos del fallo escrito, cuya lectura fue fijada para mayo. Las causales que barajan apuntan tanto a una eventual valoración deficiente de la prueba pericial como a la no aplicación de la normativa de zona escolar como hecho jurídicamente acreditado.
El fiscal adjunto Andrés Barahona también cuestionó el resultado: “Se trataba de una zona de escuela, y que claramente iba a exceso de velocidad la conductora, lo cual no se condice con la prueba rendida ni con las normas que rigen el tránsito”, sostuvo.
Un debate que va más allá del caso
La absolución de Sandra Vallejos llega en un contexto en que la violencia vial sigue siendo una de las principales causas de muerte en Chile, y en que la aplicación de la Ley Toretto enfrenta dificultades probatorias en tribunales. La disparidad entre los peritajes —agravada por un sitio del suceso que llegó alterado a manos de los peritos— y la venta del vehículo en contravención a una medida cautelar vigente son elementos que la familia y sus abogados no están dispuestos a dejar pasar.
Para la familia de Martín González Stuardo, el proceso judicial no ha terminado. Para Chiguayante, el caso deja una herida abierta y una pregunta sin respuesta: cuándo una zona de escuela deja de serlo ante los ojos de la ley.
