El gobierno de Kast incluyó en su proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional la eliminación de la franquicia tributaria del SENCE, mecanismo que desde 1976 permite a las empresas financiar la capacitación de sus trabajadores descontándola de impuestos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la medida argumentando ineficiencia y abusos del sistema, con un ahorro fiscal proyectado de US$300 millones anuales. Lo que no explicó es qué reemplazará al principal instrumento de formación laboral del país.
Los más afectados serán los trabajadores de menor calificación: el 69% de quienes usaban el sistema apenas tiene enseñanza media completa. Solo en el Biobío, cerca de 40 mil personas se capacitaron a través de este mecanismo durante 2024, y gremios del sector advierten que su eliminación podría reducir entre un 50% y un 60% toda la capacitación laboral orientada a trabajadores de baja y media empleabilidad, dejando además a más de 30.000 familias ligadas a organismos de capacitación sin sustento directo.
La paradoja es que la medida llega en el peor momento posible: cuando la automatización y la inteligencia artificial exigen mayor reconversión laboral, y cuando el propio Plan de Reconstrucción requerirá decenas de miles de trabajadores especializados en minería y construcción. El consenso técnico es claro: el sistema necesitaba reforma, no demolición. Mientras parlamentarios del sector son llamados a rechazar el artículo que elimina la franquicia, el Ministerio del Trabajo guarda silencio sobre qué vendrá después.
