El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto que propone reajustar el sueldo mínimo en $7.546, elevándolo de los actuales $539.000 a $546.546. La iniciativa, presentada el 30 de abril y tramitada con suma urgencia desde el 4 de mayo, se basa en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero y marzo, equivalente a un 1,4%. Según el Ejecutivo, este ajuste busca “mantener el poder adquisitivo de las familias” y comenzaría a regir de forma retroactiva desde el 1 de mayo. Además, el proyecto contempla futuros reajustes automáticos vinculados al IPC y establece nuevos montos diferenciados para menores de 18 años, mayores de 65 y fines no remuneracionales.
Sin embargo, el incremento propuesto ha generado cuestionamientos, ya que el alza resulta insuficiente frente al costo de la vida actual. Diversas voces advierten que este reajuste no logra cubrir el encarecimiento sostenido de la canasta básica ni garantiza condiciones mínimas para subsistir, especialmente en un contexto de inflación acumulada y aumento en gastos esenciales como alimentos, transporte y vivienda. En la práctica, el ajuste apenas compensa parcialmente la pérdida de poder adquisitivo, sin representar una mejora real en la calidad de vida de quienes dependen del salario mínimo.
