El Gobierno decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado contra los tres estudiantes formalizados por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ocurrida durante una actividad en la Universidad Austral. La medida se concretó luego de que el tribunal desestimara la prisión preventiva solicitada para los imputados.
Durante la audiencia de formalización, el representante del Ministerio de Seguridad, Joaquín Pizzarro, anticipó la evaluación de ampliar la querella presentada tras el incidente. La nueva hipótesis del Ejecutivo apunta a que no solo hubo un atentado contra la autoridad, sino un posible secuestro, ya que la ministra habría permanecido cerca de dos horas sin poder salir del Aula Magna.
La cartera liderada por la ministra Trinidad Steinert se ampara en el artículo 5° letra b de la normativa, que sanciona a quienes priven de libertad a una persona con el propósito de alterar el orden constitucional, la seguridad pública o arrancar decisiones a la autoridad. La pena contemplada va desde presidio mayor en su grado mínimo hasta su grado máximo si el encierro supera los cinco días o se exige rescate.
La Ley de Seguridad del Estado se ha aplicado anteriormente en episodios del estallido social de 2019, el paro de camioneros de 2022 y hechos de violencia en la Macrozona Sur. Su uso en este caso busca reforzar la tesis de afectación a la seguridad pública.
Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga quedaron con prohibición de acercarse a la ministra, arraigo nacional y firma quincenal. Pese a la resolución del tribunal, el Gobierno insistirá en obtener la prisión preventiva de los jóvenes.
