Una nueva controversia se abrió en el Senado durante la discusión de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), luego de que parlamentarios cuestionaran una norma que permitiría la restitución de gastos asociados a proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada.
El senador Diego Ibáñez, anunció la presentación de una reserva de constitucionalidad, argumentando que la disposición podría trasladar al Estado costos derivados de decisiones administrativas o judiciales relacionadas con proyectos privados.
Ibáñez sostuvo que la norma generaría un cambio relevante en los criterios tradicionales de responsabilidad estatal, al establecer —según su interpretación— un mecanismo que favorecería a inversionistas sin exigir previamente una acreditación de una falta de servicio por parte del Estado.
Además, cuestionó la forma en que se desarrolló la discusión legislativa, señalando que el texto fue modificado en varias oportunidades durante la misma sesión, lo que calificó como una falta de claridad en el proceso.
Desde la oposición, plantearon que la medida podría afectar principios del Derecho Administrativo y comprometer recursos públicos en favor de empresas privadas.
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La controversia se centra en el alcance del mecanismo aprobado, que establece la posibilidad de restitución de gastos vinculados a proyectos cuando una RCA sea anulada, una materia que seguirá siendo debatida durante la tramitación de la reforma ambiental.
El proyecto continuará su recorrido legislativo, mientras parlamentarios de distintos sectores anticipan nuevas discusiones sobre el equilibrio entre protección ambiental, certeza jurídica e incentivo a la inversión.
