La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, enfrenta cuestionamientos luego de defender una disposición incorporada en la denominada “megarreforma” que permitiría indemnizar a empresas con recursos públicos cuando sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean anuladas por los tribunales.
La norma ha generado críticas desde diversos sectores, que advierten que la medida podría debilitar la institucionalidad ambiental y reducir las herramientas de fiscalización del Estado frente a proyectos con impacto sobre el medio ambiente.
Quienes rechazan la iniciativa sostienen que la disposición prioriza la denominada “certeza jurídica para la inversión” por sobre la protección de los ecosistemas y las comunidades, al establecer compensaciones económicas incluso cuando la justicia determine que un permiso ambiental fue otorgado de manera irregular.
Entre los principales cuestionamientos planteados por los detractores de la norma destacan:
- Priorizar la inversión por sobre la protección ambiental. Afirman que la iniciativa favorece los intereses económicos de grandes empresas por encima de la conservación de los ecosistemas y la salud de las personas.
- Desincentivar el cumplimiento de la normativa ambiental. Sostienen que la posibilidad de recibir indemnizaciones podría disminuir el efecto disuasivo de las sanciones cuando un proyecto incumpla la legislación vigente.
- Debilitar la justicia ambiental. Según los críticos, la medida limitaría la capacidad del Estado para fiscalizar y proteger los territorios, afectando el principio precautorio que rige la legislación ambiental.
Los cuestionamientos apuntan además al rol de la ministra Francisca Toledo, señalando que la autoridad debería priorizar el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la protección de las comunidades frente a proyectos con potencial impacto sobre el entorno.
La propuesta continúa generando debate en medio de la discusión de la “megarreforma”, mientras organizaciones ambientales y diversos actores han manifestado su rechazo a la iniciativa, argumentando que podría representar un retroceso en materia de protección del medio ambiente.