La tramitación del proyecto de ley conocido como “Ley Mordaza 2.0” ha generado un intenso debate y un amplio rechazo en el ámbito de las comunicaciones y el derecho. La iniciativa, que figura en la tabla semanal del Senado para estos días, busca imponer penas de hasta cinco años de cárcel o multas que llegan a las 500 UTM a quienes divulguen información relacionada con causas judiciales que se encuentran en investigación.
Se trata del Boletín N° 17.484-07, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida. El proyecto ya había sido programado para su votación en general el pasado 3 de julio, pero esa votación fue aplazada en la Sala tras una solicitud de segunda discusión, en medio de la creciente controversia por su eventual impacto en la libertad de prensa. Actualmente vuelve a figurar en tabla bajo la modalidad de segunda discusión, aunque -como ya ocurrió en julio- su votación efectiva dependerá de lo que resuelvan los comités durante la semana.
Quiénes están detrás del proyecto
La iniciativa fue impulsada por un grupo de senadores transversal, que la presentaron citando casos de alta cobertura mediática como el “Caso Audios”, que involucra la difusión de conversaciones privadas del abogado Luis Hermosilla; el “Caso Monsalve”, con acceso indebido a la carpeta investigativa; y la filtración de chats entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola en el marco del “Caso Sierra Bella”.
Según plantean los propios parlamentarios, estos episodios evidencian una tensión creciente entre el derecho a la intimidad de quienes son parte de una investigación y la libertad de información y transparencia del proceso penal. El texto propone modificar el artículo 226 J del Código Procesal Penal para sancionar a quien “de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto”, con pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
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El rechazo del gremio periodístico y del mundo jurídico
Entidades como la Asociación Nacional de la Prensa, ANATEL y el Colegio de Periodistas, junto a abogados constitucionalistas como Marisol Peña y Javier Couso, han advertido que la medida criminaliza la libre circulación de información de interés público y amenaza la esencia del periodismo de investigación.
Desde el punto de vista jurídico, los cuestionamientos apuntan a dos ejes constitucionales: por un lado, la iniciativa tensionaría la libertad de emitir opinión y de informar consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución, al establecer lo que críticos describen como una forma de censura indirecta. Por otro, entraría en conflicto con el principio de tipicidad y legalidad del artículo 19 N°3, ya que el uso de expresiones tan amplias como “el que difunda” deja abierta la posibilidad de perseguir a periodistas, al ser vaga e imprecisa respecto de los delitos que establece.
Los críticos sostienen además que la propuesta contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los estándares fijados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, organismo que considera desproporcionado recurrir al derecho penal para sancionar la difusión de asuntos de interés público en una sociedad democrática.
En el propio Senado, el rechazo ha cruzado el espectro político. Una de las senadoras patrocinantes de la oposición al proyecto calificó la iniciativa como tan grave que “instala la persecución hacia periodistas y reporteros que lo único que buscan es sacar a la luz cómo el poder abusa para beneficio propio”, mientras que la federación que agrupa a los principales gremios de medios del país manifestó su total oposición al proyecto, en momentos en que el Gobierno le retiró todo apoyo durante su tramitación en el Congreso.
No todos los parlamentarios patrocinantes comparten esa lectura. Uno de los senadores impulsores ha defendido la iniciativa señalando que lo que no se busca con este proyecto es debilitar la libertad de prensa o de expresión, sino, por el contrario, proteger el debido proceso.
Un contexto paradójico
La discusión se da en un momento particular, en que las instituciones encargadas de perseguir el delito han respaldado, en los hechos, el ejercicio periodístico. El 30 de junio, el Poder Judicial dictó sentencia definitiva condenando a un juez y a un general por espiar a un periodista utilizando la Ley de Inteligencia. Y el 28 de julio, el fiscal nacional emitió una instrucción escrita ordenando a todos los persecutores del país abstenerse de adoptar medidas intrusivas contra profesionales de la prensa en el ejercicio de su labor.
En ese contexto, los críticos del proyecto advierten que imponer multas elevadas y penas de cárcel por informar sobre causas judiciales representaría un retroceso histórico, al establecer una normativa que ni siquiera existió durante la dictadura.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional. Su suerte esta semana dependerá de lo que definan los comités del Senado, en un ambiente donde la presión de gremios periodísticos, académicos y organismos internacionales se ha mantenido sostenida desde su ingreso al Congreso.
