Una fuerte controversia ha generado el proyecto de ley “Escucha su Corazón” (Boletín N.º 18419-11), iniciativa presentada por parlamentarios de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario e independientes, que propone modificar el procedimiento para acceder a la interrupción del embarazo en las tres causales permitidas por la legislación chilena.
El proyecto plantea que, cuando exista actividad cardíaca embrionaria o fetal, el profesional de la salud deba informar esa condición a la paciente y ofrecerle escuchar el latido antes de realizar el procedimiento. Además, el texto establece que, si la mujer o niña rechaza esa instancia, la prestación médica no podría efectuarse.
Este último punto ha convertido la iniciativa en uno de los proyectos más debatidos de las últimas semanas, enfrentando visiones completamente opuestas entre sus impulsores y organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.
Los parlamentarios que respaldan la propuesta sostienen que su objetivo es fortalecer el consentimiento informado y garantizar que las pacientes reciban toda la información médica disponible antes de adoptar una decisión.
Sin embargo, organizaciones como el Centro para el Estudio y Defensa de los Derechos Humanos (CEDIDH) y Miles Chile han manifestado un enérgico rechazo. Desde CEDIDH afirman que el proyecto condiciona el acceso a una prestación de salud mediante un estímulo emocional forzado, calificándolo como una forma de coacción y violencia institucional.
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Por su parte, Miles Chile sostiene que la iniciativa desconoce la realidad de mujeres y niñas que enfrentan embarazos bajo las tres causales legales y advierte que podría profundizar la revictimización de quienes atraviesan situaciones tan complejas como una violación, una inviabilidad fetal o un riesgo para la vida de la madre.
Otras organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han ido más allá, calificando públicamente la propuesta como “cruel”, argumentando que busca imponer una carga emocional adicional a personas que ya enfrentan circunstancias extremadamente difíciles.
La iniciativa permanece en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde deberá ser analizada por la Comisión de Salud antes de continuar su discusión legislativa. De ser aprobada por ambas cámaras y promulgada por el Ejecutivo, pasaría a modificar el procedimiento actualmente establecido para la interrupción legal del embarazo en Chile.
El proyecto vuelve a instalar uno de los debates más sensibles del país, enfrentando posiciones sobre los alcances del consentimiento informado, la autonomía de las pacientes y la protección de los derechos reproductivos.
