Los recortes al presupuesto para la niñez en 2026 alcanzaron a casi la mitad de las asignaciones dirigidas directamente a niños, niñas y adolescentes, según un informe de la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile.
El Informe de Política Pública N°7 comparó los montos aprobados en la Ley de Presupuestos 2026 con los recursos vigentes a junio de este año. En total, revisó 188 asignaciones destinadas a programas, prestaciones e instituciones vinculadas a la infancia.
De ellas, 86 tuvieron una disminución, lo que equivale al 45,7%. Otras 90 se mantuvieron sin cambios y solo 12 recibieron más recursos.
El estudio detectó además que 54 asignaciones bajaron más de 3%. Ese porcentaje corresponde al recorte transversal que se instruyó este año a los organismos de la Administración del Estado como parte del ajuste fiscal.
Una cifra global que esconde rebajas
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En el agregado, los recursos analizados cayeron apenas 0,1%, unos $12.438 millones. Sin embargo, ese resultado está influido por el alza de $71.216 millones que tuvieron los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Si se excluye ese aumento, el resto de los programas e instituciones revisados perdió $83.654 millones, un 0,8% menos de lo aprobado originalmente.
Los recortes al presupuesto para la niñez se reparten entre áreas como primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.
Uno de los casos más marcados es la asignación de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, que forma parte del sistema de protección especializada y se redujo 28%.
En educación, las mayores rebajas se concentraron en infraestructura pública. Dos de sus principales líneas de mejoramiento bajaron $14.600 millones (28,1%) y $14.048 millones (20,5%).
Faltan datos para medir el impacto
El informe advierte que las cifras presupuestarias no bastan para saber cómo afectan estos recortes a la cobertura o la calidad de los servicios. Para eso se necesita información sobre cuántos niños reciben las prestaciones, qué metas se comprometieron y cómo se están cumpliendo.
Tampoco fue posible establecer, para cada reducción, cuáles fueron sus fundamentos, qué efectos se esperan y qué medidas se tomaron para asegurar la continuidad de los programas.
Según las instituciones, algunos ajustes podrían responder a razones de ejecución, eficiencia o reasignación de recursos. Por eso plantean que cada decisión debería contar con una justificación técnica clara.
Las voces del informe
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que las restricciones fiscales no deberían significar una pérdida de prioridad para la infancia. “Frente a situaciones de emergencia o contingencias económicas, los niños, niñas y adolescentes deben ser priorizados adecuadamente”, afirmó.
Quesille agregó que esto no implica desatender la eficiencia del gasto, sino asegurar que cualquier ajuste permita mejorar los servicios y reinvertir en áreas prioritarias, sin reducir la inversión global en niñez.
La representante de UNICEF en Chile, Violet Speek Warnery, vinculó el tema con la baja de la natalidad. “Que nazcan menos niños y niñas no disminuye la necesidad de invertir en ellos”, señaló.
Speek Warnery añadió que la evidencia internacional muestra que invertir en la infancia es una de las decisiones más rentables para un país, porque sus beneficios se extienden a lo largo de toda la vida.
La discusión del Presupuesto 2027
Con miras a la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027, ambas instituciones recomiendan resguardar la prioridad de la niñez en el gasto público, mejorar el seguimiento de la inversión y exigir que toda reducción esté justificada.
También piden poner atención en los programas preventivos y de apoyo temprano, en especial los ligados a primera infancia, protección integral, salud escolar y apoyo pedagógico.
Sobre el cambio demográfico, el informe plantea que una menor población infantil puede modificar algunas necesidades de cobertura, pero no reduce las obligaciones del Estado. A juicio de las instituciones, podría ser una oportunidad para aumentar la inversión por niño y cerrar brechas pendientes.
El documento completo está disponible en el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez.
