La Contraloría General de la República (CGR) detectó 485 funcionarios suspendidos con sueldo por sumarios administrativos en la Administración Central del Estado, en una revisión que abarcó el período entre 2020 y marzo de 2026.
Los datos forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 del organismo, que dejó fuera a las municipalidades y se concentró en cuánto tiempo se han extendido estas medidas.
Treinta casos superan los tres años. De ellos, 13 funcionarios llevan más de cuatro años apartados de sus cargos y otros 17 acumulan entre tres y cuatro años en la misma situación.
El caso más largo corresponde a un trabajador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, con cerca de cuatro años y siete meses de suspensión.
Más atrás aparecen un funcionario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
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$671 millones en diez casos
Según el informe, solo los diez casos con suspensiones más prolongadas significaron para el Estado un gasto de $671 millones en remuneraciones.
La suspensión preventiva está contemplada en el Estatuto Administrativo y, por regla general, no implica que el funcionario deje de recibir su sueldo. Su objetivo es proteger una investigación disciplinaria mientras esta se desarrolla.
Sin embargo, cuando un sumario se alarga, la autoridad que lo ordenó debe revisar su estado, tomar medidas para acelerarlo y evaluar si hay responsabilidades por la demora.
Trabajos, viajes y casinos
La revisión también encontró otras situaciones. De acuerdo con información del Servicio de Impuestos Internos (SII), 22 funcionarios suspendidos realizaron actividades remuneradas durante ese período.
Además, dos personas suspendidas estaban en prisión preventiva por causas penales. En otro caso, era el propio fiscal a cargo del sumario quien cumplía esa medida cautelar.
El informe detectó 20 sumarios que seguían a cargo de un fiscal que ya no trabajaba en el servicio correspondiente. También registró decenas de funcionarios suspendidos que viajaron al extranjero o fueron a casinos de juego mientras duraba la medida.
Contraloría tomará los casos más largos
Frente a estos resultados, la Contraloría resolvió que los 30 sumarios con suspensiones de más de tres años dejarán de estar en manos de los servicios donde se iniciaron. Los organismos deberán remitirlos a la CGR en un plazo de cinco días hábiles.
La entidad continuará esos procesos y buscará determinar si las autoridades que ordenaron las investigaciones tienen responsabilidad por no controlar su avance a tiempo.
En tanto, los servicios que tengan funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar en 15 días hábiles el cierre de los sumarios, justificar la mantención de la medida o dar cuenta de acciones concretas para acelerar su término.
En el mismo plazo, tendrán que abrir procedimientos disciplinarios para establecer posibles responsabilidades por los retrasos.
Nuevo instructivo
Como parte de las medidas, la Contraloría emitió el Instructivo N°29, fechado el 16 de septiembre de 2026. El documento recuerda que la suspensión preventiva debe mantenerse solo mientras sea necesaria para asegurar el resultado de la investigación.
El organismo señaló que la etapa investigativa de un sumario no debería superar los 60 días hábiles que fija la normativa. También instruyó a los fiscales a revisar de forma periódica si se justifica mantener la suspensión y levantarla cuando ya no exista riesgo para la indagación.
Según la CGR, extender la medida más allá de plazos razonables puede ser arbitrario, afecta los principios de eficiencia y celeridad de la administración y puede generar responsabilidades para quienes participan en la tramitación.
Desde ahora, toda resolución que decrete o deje sin efecto una suspensión preventiva deberá ser informada al Sistema de Acciones Derivadas (SIAD). Con esto, el organismo podrá monitorear la duración de cada caso y activar alertas de control.
