Tras 49 días de trabajo, la Mesa de Reactivación Laboral, constituida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y presidida por el economista David Bravo, entregó su informe final al ministro del Trabajo, Tomás Rau. El documento reúne 22 propuestas destinadas a impulsar el empleo formal y reducir la informalidad, pero varias de ellas apuntan a una profunda modificación de la legislación laboral vigente.
Entre las iniciativas que concentran mayor atención se encuentra la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 52 horas semanales, mediante mecanismos de promediación de la jornada que permitirían extender el tiempo de trabajo en determinados períodos, compensándolo posteriormente con semanas de menor carga laboral. La propuesta busca entregar mayor flexibilidad a las empresas para enfrentar variaciones en la demanda y ciclos económicos.
Otra de las medidas de mayor impacto es el reemplazo de la indemnización por años de servicio por un sistema alternativo de protección al trabajador, financiado mediante un mecanismo de ahorro o seguro. Según el informe, el objetivo es disminuir los costos asociados a la contratación y despido, facilitando la movilidad laboral y promoviendo nuevas contrataciones.
El documento también propone ampliar la polifuncionalidad laboral, eliminando restricciones sobre la naturaleza de las funciones que puede desempeñar un trabajador, así como establecer mecanismos para la reducción temporal de jornadas y remuneraciones frente a shocks económicos, con el propósito de evitar despidos masivos en períodos de crisis.
Estas recomendaciones fueron elaboradas en un contexto que el informe califica como preocupante para el mercado laboral. Chile acumula 40 meses consecutivos con una tasa de desocupación igual o superior al 8%, mientras que los datos del trimestre febrero-abril de 2026 sitúan el desempleo en 9,1%. La cifra asciende al 10,5% entre las mujeres y al 22,8% en los jóvenes, dos de los grupos más afectados por la falta de oportunidades laborales.
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Si bien las propuestas no tienen efecto inmediato y deberán ser evaluadas por el Ejecutivo, varias de ellas anticipan un intenso debate político y sindical, especialmente aquellas relacionadas con la extensión de la jornada laboral y el término del actual sistema de indemnización por años de servicio.
