Una fiscalización de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) confirmó la tala rasa de 110 hectáreas de bosque nativo siempreverde en el predio fiscal Río Pescado, de propiedad del Fisco de Chile pero administrado por el Ejército a través del Regimiento N°12 Sangra, en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos.
Un daño valorado en más de mil millones de pesos
La Oficina Provincial de Llanquihue de CONAF constató la ejecución de cortas no autorizadas a tala rasa, en infracción directa al artículo 5° de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. El daño comercial fue valorado en $1.383,3 millones, y la multa propuesta por el organismo supera los $8.300 millones.
Para dimensionar el daño, CONAF utilizó una combinación de muestreo de tocones en terreno y análisis de fotografías satelitales. El volumen total extraído se estimó en 69.168 metros estéreos de leña. Lo perdido no corresponde a cualquier tipo de vegetación: se trata de bosque siempreverde, formación característica de la zona, compuesta por especies como luma, tiaca, canelo, ulmo, avellano, tepa, coihue y mañío.
Una organización con roles definidos, según CONAF
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Frente a la gravedad de los hechos -ocurridos en un bien nacional de uso público administrado por las Fuerzas Armadas-, CONAF interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Varas por el delito de sustracción de madera, imputando la existencia de una organización con roles definidos para la tala, dirección de faenas, logística, control de caminos y venta ilícita del producto. La acción invoca los artículos 448 septies y 448 octies del Código Penal, modificados por la Ley N° 21.488 de 2022, normativa que además faculta el uso de técnicas especiales de investigación policial cuando la cuantía supera las 50 UTM o responde a esquemas de delincuencia organizada.
Según los monitoreos satelitales de CONAF, la deforestación ilegal en el sector mantuvo continuidad temporal desde 2010, intensificándose a partir de 2021 y extendiéndose incluso después de la primera fiscalización.
Siete detenidos en la Operación “Alerta Forestal”
En paralelo, el martes 18 de agosto, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Puerto Montt, de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a siete personas en Puerto Varas por delitos de sustracción de madera, comercio clandestino y usurpación de terrenos, en el marco de la Operación “Alerta Forestal”, que se sostuvo durante casi dos años de investigación.
De acuerdo con los antecedentes reunidos, se trataría de la participación de clanes familiares dedicados a la tala de bosque nativo y a la comercialización ilegal de madera a particulares. Entre las especies incautadas se identificaron ulmo, coihue, canelo y luma -las mismas afectadas en el predio Río Pescado-, verificadas en un trabajo conjunto con CONAF.
El operativo permitió incautar 4 camionetas, un camión, 3 tractores, un “coloso” y 10 motosierras, además de 77,56 metros cúbicos de leña nativa, 50,68 metros cúbicos de leña adicional, 6 metros cúbicos de trozos de coihue, 23,75 metros estéreos de leña (95 varas), 4 basas, 23,28 pulgadas de madera aserrada y $2.745.000 en efectivo. El avalúo total de lo incautado supera los $78 millones. Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público, y será la justicia la que resuelva su situación.
¿Se trata del mismo caso?
Aunque los comunicados oficiales de CONAF y la PDI no confirmaron explícitamente que ambos procedimientos correspondan al mismo hecho, un registro de la propia querella de CONAF -difundido públicamente- vincula directamente el operativo policial del 18 de agosto con el predio fiscal Río Pescado, señalando la incautación de 27,20 metros cúbicos de leña al interior de ese mismo predio en el marco del cumplimiento de órdenes judiciales derivadas de la querella forestal. Esto sugiere una conexión estrecha entre ambos procedimientos, aunque persisten elementos -como la localización exacta y el detalle completo de las cantidades incautadas en cada operativo- que ameritan mayor precisión oficial antes de darlos por completamente equivalentes.
El daño ecológico, según CONAF
El informe técnico de CONAF detalla que la técnica de tala rasa generó consecuencias ecosistémicas severas e irreversibles en el corto plazo: pérdida total de la cubierta vegetacional protectora, compactación del terreno por el tránsito pesado continuo -lo que altera los procesos de aireación e infiltración del suelo-, y alteración de cauces superficiales por sedimentación, con impacto directo sobre los recursos hídricos del sector.
