Una fuerte señal de alerta se encendió al interior de la Policía de Investigaciones luego de que su director general, Eduardo Cerna, revelara ante la Comisión de Constitución de la Cámara que 116 funcionarios de distintos escalafones han sido retirados entre 2024 y lo que va de 2026 por razones disciplinarias o pérdida de confianza.
Una sesión especial que también involucró al Ministerio Público
La exposición se dio en el marco de una sesión especial donde la PDI y el Ministerio Público expusieron ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento las medidas adoptadas para prevenir y sancionar irregularidades dentro de ambas instituciones. En esa misma jornada, la Fiscalía reveló que cuatro fiscales se encuentran actualmente bajo investigación penal.
“Estamos dolidos”, señaló Cerna al inicio de su intervención. “Hemos detectado y enfrentado con determinación, a través de nuestras propias investigaciones internas, que personas que juraron servir al país están siendo investigadas por delitos graves, traicionando la doctrina institucional y quebrantando el mandato legal que prometimos defender”, agregó.
“El que se corrompe debe estar fuera”
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Cerna aseguró que la PDI aplicará “tolerancia cero” frente a quienes vulneren la ley y sostuvo que estas conductas no representan a sus más de 13 mil integrantes. “El que se corrompe debe estar fuera”, afirmó ante los parlamentarios. También agregó una frase que resume el espíritu de su exposición: “Quien traicionó nuestro juramento a la Patria no merece portar nuestra placa de servicio”.
El anuncio más llamativo: control patrimonial reforzado
Pero el anuncio más llamativo apunta al patrimonio. La PDI propuso avanzar hacia un sistema de control patrimonial reforzado para funcionarios que trabajen en áreas sensibles como investigación, inteligencia, fiscalización, contrataciones o custodia de evidencias.
En concreto, Cerna planteó modificar la Ley N°20.880 para extender la obligación de declarar intereses y patrimonio a todo el personal policial que ejerza funciones operativas, investigativas, de inteligencia, fiscalización, contratación o custodia de evidencias. La idea contempla ampliar las declaraciones de intereses y patrimonio y permitir cruces de información con organismos como el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Comisión para el Mercado Financiero, el Registro Civil y los conservadores de bienes raíces.
De acuerdo con lo planteado por Cerna, el esquema podría exigir declaraciones al ingresar a la institución, de manera anual, al asumir o dejar funciones consideradas críticas, al ascender y al término de la carrera, además de contemplar mecanismos asociados a eventuales alertas patrimoniales.
Los objetivos del nuevo sistema
El objetivo es detectar posibles señales de enriquecimiento injustificado, lavado de activos, cohecho, filtración de información reservada, conflictos de interés o vínculos con el crimen organizado. La propuesta busca fortalecer la prevención y detección de corrupción, infiltración del crimen organizado, sustracción o comercialización de evidencias y vulnerabilidades financieras del personal policial.
El aumento de los reclamos por probidad
Las cifras internas también muestran un aumento de reclamos asociados a probidad: fueron 59 en 2024, 133 en 2025 y 155 en lo que va de 2026. Los reclamos clasificados específicamente como corrupción, en cambio, se mantuvieron en niveles mínimos: tres en 2024, dos en 2025 y tres en lo que va de 2026.
Canales de denuncia y protección al denunciante
Cerna indicó además que la institución dispone de protocolos para la recepción, tramitación e investigación de denuncias internas, así como de canales confidenciales y anónimos que resguardan a quienes reporten eventuales hechos de corrupción, faltas a la probidad u otras irregularidades. Señaló que, mediante una circular de diciembre de 2024, se instruyó al personal sobre el Estatuto de Protección del Denunciante y su reglamento, y que la PDI habilitó el Portal de Denuncias Virtual PDI OIRS y un procedimiento para gestionar reclamos ciudadanos.
La PDI además ha reforzado sus mecanismos de control, creado estructuras especializadas en lavado de activos y puesto en marcha un nuevo Código de Integridad Policial. Según explicó Cerna, la estructura de control interno opera en cadena, desde la Inspectoría General y la Brigada Investigadora Anticorrupción hasta Asuntos Internos, con el objetivo de cercar cualquier maniobra sospechosa antes de que interfiera en los tribunales o filtre información a bandas criminales.
Una precisión clave
Eso sí, existe una precisión clave: los 116 funcionarios retirados no corresponden necesariamente a 116 casos de corrupción. La cifra incluye salidas por razones disciplinarias o pérdida de confianza en general, por lo que no corresponde en su totalidad a hechos de corrupción propiamente tal.
