La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes, por un solo voto, la reforma constitucional impulsada por el Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas con una orden de expulsión administrativa.
La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un voto de los 89 respaldos necesarios para alcanzar el quórum de cuatro séptimos requerido para modificar el artículo 19 N°7 de la Constitución.
Qué buscaba cambiar la reforma
El proyecto, impulsado por los ministerios del Interior, Justicia y Seguridad Pública, e incorporado a la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), buscaba modificar el límite vigente de cinco días para ejecutar una expulsión administrativa. La nueva propuesta fijaba un período de detención de entre cinco y 60 días, con posibilidad de prorrogarlo en dos ocasiones, lo que en ciertos casos podía llevar la privación de libertad hasta 180 días. La reforma también facultaba al Ejecutivo para impulsar posteriormente una ley que definiera la operatividad de recintos especiales donde permanecerían las personas sometidas a este procedimiento.
Durante la votación, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, llamó a aprobar la iniciativa aludiendo a “los aumentos sostenidos y cambios drásticos de fluctuación que ha experimentado el fenómeno migratorio durante los últimos años en Chile”, y explicó que “el plazo de cinco días resulta insuficiente para completar todas las actuaciones que se exige en un procedimiento de expulsión”.
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Dos ausencias que pesaron en el resultado
Entre los factores que incidieron en el rechazo estuvo la ausencia de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encuentran en Estados Unidos junto al presidente José Antonio Kast, en el marco de la participación del Mandatario en la Asamblea General de la ONU. Los permisos constitucionales de ambos parlamentarios para justificar su inasistencia ingresaron fuera de plazo, lo que impidió que se descontaran del cálculo del quórum necesario.
A esto se sumó que el diputado José Montalva no emitió su sufragio, mientras que seis representantes del Partido de la Gente (PDG) y el parlamentario Marcos Ilabaca optaron por la abstención, pese a que el Ejecutivo había sostenido diálogos previos con el PDG para lograr su apoyo.
Un traspié que el Gobierno reconoció
Tras el resultado, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, asumió el traspié legislativo. Consultado sobre si los votos estaban garantizados antes de la sesión, respondió: “Más que si estaban garantizados, yo creo que el mérito de la reforma constitucional contaba con una mayoría importante en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se había trabajado con sus miembros para modificar algunos aspectos, y por lo tanto, se esperaba que fuera aprobada. Se rechazó por un voto, pero lo importante es que vamos a seguir trabajando”. Sobre si existía un mea culpa por parte de su cartera, agregó: “Siempre estamos revisando nuestro trabajo y siempre estamos viendo cómo lo podemos mejorar”.
Las críticas desde la oposición
Desde la vereda contraria al proyecto, distintos diputados cuestionaron el fondo de la propuesta. “Debemos preguntarnos dónde está realmente el problema, prolongar una detención no consigue un documento de viaje, no mejora la coordinación consular ni genera transporte”, criticó el diputado Marcos Barraza (PC). Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans manifestó su preocupación por la situación que enfrentarían niños y niñas migrantes con la reforma.
Qué pasa ahora con el proyecto
Al ser una reforma constitucional que fue rechazada, la iniciativa no podrá renovarse hasta dentro de un año, según establece la propia Constitución. Existe, sin embargo, una vía de excepción: si el Ejecutivo solicita que la iniciativa pase por el Senado y dos tercios de sus miembros la aprueban en general, el proyecto podría volver a la Cámara de Diputados antes de ese plazo.
Con este resultado, el Gobierno sufrió el primer traspié de su agenda de seguridad en la Cámara de Diputadas y Diputados.
